El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de México dio su sexto y último informe sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en la localidad de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. El GEI manifestó que el ocultamiento de información por parte de las autoridades, tanto políticas como de seguridad, impide conocer la verdad de los hechos y es imposible continuar su trabajo. "A pesar de la voluntad política inicial, cuando se llegó al núcleo duro de la verdad de nuevo prevaleció el ocultamiento”, dijo Carlos Beristain, parte del equipo, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La información recabada para el sexto y último informe fue a dada a conocer en conferencia de prensa desde el Centro Cultural Tlatelolco. Allí estuvieron, Ángela María Buitrago y Beristain, del GIEI. Les investigadores señalaron que hubo un seguimiento constante de los estudiantes desaparecidos en la noche de entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, que iban de Guerrero (en el suroeste del país) camino a Ciudad de México (en el centro) para participar de la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco, otro hecho trágico de la historia del país contra estudiantes en 1968.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Marina (Semar) y el Ejército fueron parte de las instituciones señaladas por su complicidad para obstaculizar que se sepa la verdad, según indicaron los expertos. De hecho, ya en marzo, denunciaron que el Ejército no sólo negó la existencia de información que podría revelar “el rumbo que tomaron” los 43 normalistas sino que ocultó deliberadamente estos documentos de la noche de Iguala, precisaron desde el diario Milenio.
"Duele investigar en esas condiciones en las que la asistencia técnica se tiene que convertir en una carrera de obstáculos, las respuestas de negación de documentación y de la verdad que se han seguido dando por parte de Sedena, Semar y el Cisen y el periodo actual es un comportamiento más corporativo que compromete la verdad que es la base del núcleo de mentiras acumuladas en este caso, no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos o que oculta partes muy significativas de los mismos, para que haya justicia se necesita que la Fiscalía General de la República tenga una independencia y profesionalidad que se requiere y no sufrir los obstáculos de personas que participaron".
Ambos dejaron claro que tras el análisis de redes de comunicación y de documentos oficiales encontrados demuestran que los jóvenes no tenían nexos con el crimen organizado, y que algunos militares y policías municipales sí estaban coludidos con la delincuencia.
Registro de comunicaciones de personas sin identificar
Buitrago comentó que habría otras personas no identificadas que mantuvieron comunicación con las autoridades, por lo que se ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue este vínculo, según informó Milenio. Beristain, a su turno, señaló que el Cisen ocultó su participación en detenciones e interrogatorios como parte de las investigaciones, además de que, en las indagatorias, los militares "han dado varias declaraciones y han ido cambiando". Los integrantes del GIEI solicitaron a la FGR que requiera a la Sedena la entrega de los informes técnicos con los que cuenta, dependencia de la que dijeron negó la existencia de las unidades militares que recabaron la información sobre los sucesos del 27 y 28 de septiembre de 2014 y fechas posteriores, y cuyos militares “han ido adecuando a sus declaraciones”.
Incluso, de acuerdo con lo reportado por el informe del GIEI, se tomó conocimiento de que hubo un seguimiento completo de las actividades de los normalistas, por ejemplo, desde el Cisen, desde donde hubo un agente en el lugar donde desapareció uno estudiante en la ciudad de Iguala.
Acusan que Sedena oculta información
Beristain comentó que además la Sedena sigue ocultando información que pudiera ser clave para conocer las acciones que se ejecutaron el día de los hechos por parte del personal castrense. "Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en Sedena sobre el posible destino de los estudiantes", expresó al señalar inconsistencias en lo que la dependencia ha referido respecto a los hechos.
Corrupción y narcotráfico
Buitrago indicó que la Sedena negó la existencia del Centro de Fusión de Inteligencia (CFDI) del cual se localizaron 16 documentos y de otras unidades que contienen la información en tiempo real de lo que ocurrió en Iguala del 26 de septiembre hasta octubre del mismo año. No obstante, al pedir detalles de estos, la Sedena respondió que no hay más información, pero el GIEI, dijo, tiene conocimiento de que esos archivos existen y fueron movidos a otro lugar. "A raíz de que cada documento tiene identificación, hemos pedido que nos identifiquen quiénes hicieron esos monitoreos técnicos y Sedena dijo que es imposible", dijo para graficar la imposición de obstáculos por parte de la institución.
En esa línea, indicaron que “los actos de corrupción por parte de las autoridades con integrantes del crimen organizado, son clave para explicar la desaparición de los normalistas”.
Marina, detrás de operativos que dejaron dos muertos
Beristain comentó que la Semar aseguró que sólo participó en el aseguramiento de lugares para hacer diligencias, sin embargo, con la nueva información se supo que personal de la dependencia "intervino de forma ilegal el área del Río San Juan". “Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y en base a esa tortura se hizo la llamada versión histórica junto con Seido y la PGR”, dijo sobre la versión construida y presentada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República, durante la gestión de Enrique Peña Nieto.
“Tuvimos información que, realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado con un grupo especial de inteligencia del que no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas. Dos personas murieron en esos operativos no se sabe quiénes son… solamente tenemos una fotografía”, aseguró Beristain. Además, recordó que las personas detenidas por su presunta relación en los hechos, fueron aprehendidas por delitos como delincuencia organizada, portación de armas, pero no por el delito de desaparición forzada. En marzo, el GIEI denunció que el Ejército no sólo negó la existencia de información que podría revelar “el rumbo que tomaron” los 43 normalistas sino que ocultó deliberadamente estos documentos de la noche de Iguala.
Durante toda su exposición, Buitrago y Beristain se refirieron en particular a documentos -de los que incluso exhibieron partes- de una unidad de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que vigilaba la actividad del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de levantar y desaparecer a los normalistas.
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