“Niñas no madres” es la consigna que se levantó en todo Brasil una vez que se supo que el proyecto de ley 1904/2024 iba a ser tratado en la Cámara de Diputados y que finalmente fue aprobada este jueves. La inciativa –apoyada y promovida por la bancada bolsonarista y evangélica- busca equiparar el aborto después de la semana 22 al crimen de homicidio, con penas de seis a 22 años de prisión, lo que supera el castigo contra quienes violan. “El aborto es una realidad, debemos tratarlo como una cuestión de salud pública”, escribió le presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en sus redes sociales.
Actualmente, el Código Penal brasileño establece que el aborto no previsto por la ley se castiga con penas de uno a tres años, cuando es inducido por la mujer embarazada o con su consentimiento, de uno a cuatro años si es inducido a una mujer embarazada menor de 14 años y de tres a diez años, cuando la persona provoca un aborto sin el consentimiento de la mujer embarazada.
El proyecto de ley presentado por el diputado Sóstenes Cavalcante, bolsonarista, busca justamente homologar lo previsto en el Código Penal brasileño. Los legisladores que apoyan esta propuesta argumentan que deben establecerse “límites” al aborto y que, después de la semana 22 de gestación, equivale a un homicidio porque el feto “está en perfectas condiciones para vivir fuera del vientre materno”, según dijo el diputado Eli Borges, uno de los promoventes.
De aprobarse, se permitirían condenas a quienes se sometan a un aborto después de la semana 22 de embarazo de una pena de seis a 20 años de cárcel, un castigo incluso mayor que el previsto para quienes cometan el delito de violar a una persona vulnerable (de ocho a 15 años de prisión).
El proyecto fue aprobado en régimen de urgencia, lo que permitió que fuera votado directamente en el pleno de la Cámara, sin haber pasado por comisiones.
La abogada y directora ejecutiva del “Proyecto Vivas”, Rebeca Mendes, señaló que "este proyecto de ley es completamente inconstitucional, ya que pone en riesgo a millones de niñas que se verán obligadas a ser madres de los hijos de sus violadores y de mujeres que se verán obligadas a llevar un embarazo como víctimas de violencia sexual". Hubo manifestaciones durante toda la semana en San Pablo, Brasilia, Río de Janeiro y otras cuatro ciudades brasileñas para expresar el rechazo a la iniciativa.
La propuesta ahora se discutirá en el Senado brasileño, donde surgen dudas respecto a su tratamiento. El presidente de dicha cámara, Rodrigo Pacheco, del Partido Social Democrático (PSD), indicó que el proyecto debe ser “analizado detenidamente”
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