El juez encargado de investigar la explosión ocurrida en el puerto de Beirut en 2020, que causó más de 200 muertes y arrasó barrios enteros de la capital libanesa, inculpó hoy a un fiscal general y a otros tres jueces por "homicidio", un día después de que fuera retomada la investigación.
Tras una pausa de más de un año, y pese a las presiones políticas, el juez Tarek Bitar decidió ayer reanudar su investigación sobre el letal estallido, que dejó también 6.500 heridos y agravó tensiones sociales y políticas en el país árabe de Medio Oriente.
El juez decidió inculpar a ocho nuevas personas, entre ellas el fiscal general ante la Corte de Casación, Ghassan Oueidate, y tres jueces, acusados de "homicidio, incendio criminal y sabotaje", informó la agencia de noticias AFP, que citó a una fuente judicial no identificada.
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En respuesta a esta inculpación, la fiscalía libanesa rechazó hoy todas las decisiones del juez Bitar y le dijo que no puede continuar con su trabajo de investigación.
La enorme explosión del 4 de agosto de 2020 fue provocada por el almacenamiento sin precauciones de cientos de toneladas de nitrato de amonio en un almacén del puerto de Beirut.
El estallido sumó en un caos al país, inmerso en la peor crisis económica de su historia, marcada por apagones, inflación descontrolada y un desánimo generalizado.
Más tarde se supo que la sustancia química se envió al Líbano en 2013 y se almacenó de manera incorrecta en el almacén.
Un puñado de altos funcionarios políticos y de seguridad sabían de su presencia y la amenaza que representaba para la ciudad, pero no tomaron medidas para eliminarla.
Según AFP, la fuente judicial dijo que el fiscal general Oueidate supervisó en 2019 una investigación de los servicios de seguridad sobre unas fisuras en el almacén donde se encontraba el nitrato de amonio.
Ayer se supo que el juez Bitar inculpó el director de Seguridad General, Abbas Ibrahim, considerado como allegado a la poderosa milicia chiita Hezbollah, y al jefe de la Seguridad del Estado, Tony Saliba, cercano al ex presidente Michel Aoun.
En total, 13 personas están inculpadas, incluidos cinco responsables que el juez Bitar incriminó previamente, entre ellos el ex primer ministro Hassan Diab.
Una parte importante de los libaneses atribuye la explosión a la negligencia y la corrupción de la clase política, acusada también por las familias de las víctimas de torpedear la investigación para evitar inculpaciones ante la justicia.
En los últimos meses, las autoridades libanesas quisieron boicotear los avances del juez Bitar, tratando de nombrar en su lugar a otro juez afín, mientras varios responsables políticos que debían ser interrogados en el marco de la instrucción le iniciaron demandas judiciales.
Bitar también se vio confrontado a una campaña en su contra del movimiento Hezbollah.
El diario Al Akhbar, cercano a esa milicia, tituló hoy que el magistrado "se ha vuelto loco", y lo acusó de actuar "en base a órdenes de Estados Unidos y con apoyo judicial europeo".
Bitar se reunió la semana pasada con dos jueces franceses, que viajaron a Beirut en el marco de una investigación abierta en Francia, ya que entre las víctimas había ciudadanos de este país.
El portavoz del Departamento de Estado dijo a su vez que Estados Unidos pide a las autoridades libanesas "que lleven a cabo una investigación rápida y transparente", dijo hoy en un tuit la embajada estadounidense en Beirut.
El malestar popular fue creciendo durante los últimos meses debido al bloqueo de las investigaciones y los retrasos en la retirada de la inmunidad de los exministros y parlamentarios a los que el juez citó a declarar en el marco de las investigaciones.
Con información de Télam
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