El Partido Popular (PP) de España suspendió hoy las negociaciones con el gobernante PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ), equivalente al Consejo de la Magistratura, que lleva cuatro años con el mandato terminado, una decisión que el oficialismo atribuyó a las “presiones” de la “derecha más reaccionaria” y que fue adoptada cuando estaba cerca un acuerdo.
El anuncio del PP dejó en la incertidumbre las conversaciones que las dos fuerzas habían iniciado hace algo más de dos semanas, cuando renunció Carlos Lesmes como presidente del CGPJ.
El PSOE acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "utilizar una nueva excusa" para romper las negociaciones y le endilgó "no resistir" a las presiones "de la derecha más reaccionaria" que, a su juicio, han estado "boicoteando" las conversaciones entre los dos partidos.
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"A punto de cumplirse cuatro años de bloqueo de la derecha en la renovación del CGPJ, el PP ha vuelto a romper las negociaciones, una vez más, en esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser firmado", denunció el PSOE en un comunicado.
La decisión del PP se debe, en principio, a que el Gobierno reveló la cercanía de un acuerdo al que aún le faltaban detalles y a una supuesta pretensión oficialista de reformar el delito de sedición.
Los populares hablaron de suspensión de las conversaciones hasta que el PSOE decida "si en el ámbito institucional quiere avanzar" con el PP, un "partido constitucionalista", o si opta por "seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional".
En su comunicado, el PP informó que Feijóo y Sánchez conversaron hoy por teléfono, después de que el jefe de Gobierno anunciase que el pacto estaba "listo" y los populares lo desmintieran, informó la agencia de noticias Europa Press.
Según el PP, Sánchez era "plenamente consciente de ello cuando anunció erróneamente que el acuerdo estaba hecho" y Feijóo se lo marcó en la charla, al insistirle en "todavía estaba abierto en varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular".
El PP le atribuye al Gobierno el corte del diálogo, al sostener que la decisión de "incorporar a la agenda política" la reforma del delito de sedición "sólo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo".
Hasta ayer parecía firme la chance de un entendimiento, con una idea central: que los jueces que entraran a la actividad política no pudieran volver al cargo judicial hasta dos años después de dejar el lugar de funcionarios.
Como la medida no tendría efectos retroactivos, no afectaría a los tres ministros jueces del Gobierno: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Pilar Llop (Justicia).
Sánchez había convocado a Núñez Feijóo el 10 de este mes después de que Lesmes, titular del Tribunal Supremo y del CGPJ, anunciara su decisión de renunciar a los cargos.
Tras casi cuatro años de retraso en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, Lesmes dijo que se iba para no ser "cómplice" de la parálisis del CGPJ.
"Mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable", sostuvo el magistrado en un comunicado.
Según su sitio oficial, el CGPJ es un "órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces".
El PSOE -y su aliado Unidas Podemos- y el PP parecen obligados a entenderse en la cuestión porque 12 de los 20 miembros de este órgano deben ser nombrados por la mayoría calificada de tres quintas partes de las dos cámaras del Parlamento.
El mes pasado, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, viajó especialmente a Madrid para reclamar esta renovación del CGPJ.
Unidas Podemos fue duro hoy al cuestionar la suspensión de las conversaciones: el vocero de la fuerza en el Congreso, Pablo Echenique, acusó a Núñez Feijóo de usar la "enésima excusa", en este caso la anunciada reforma del delito de sedición, para mantener el "golpe blando" a la democracia.
Con información de Télam
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