El presidente francés, Emmanuel Macron, rompió hoy el silencio público de varios días y afirmó que la reforma jubilatoria que aprobó por decreto debe estar vigente "para fin de año", pese a que es resistida por sindicatos, la oposición y gran parte de la población y que derivó en masivas protestas y en un recurso para anularla aún por resolverse.
A su vez, calificó de "sediciosos" a los manifestantes que cometieron desmanes en las protestas que se suceden contra la reforma desde mediados de enero, y que recrudecieron luego de que el mandatario liberal decidiera sacarla por decreto y no que fuera votada por el Parlamento.
Macron insistió en que elevar la edad jubilatoria a 64 años es una medida "necesaria", aunque admitió que no lo hace "feliz, y hubiera preferido no hacerlo", en una entrevista en las principales cadenas de televisión, la privada TF1 y la pública France 2, asumiendo la "impopularidad" de la reforma.
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El Consejo Constitucional de Francia debe revisar la ley en las próximas semanas en respuesta a recursos presentados por partidos opositores, y el Presidente sólo podrá promulgarla después de que el organismo dé su aprobación.
La entrevista, los primeros comentarios en público de Macron sobre la reforma tras cuatro días de silencio desde que la aprobó por decreto, la noche del jueves pasado, no pareció que vaya a calmar los ánimos, justo en vísperas de otra jornada de movilización.
Las declaraciones del presidente fueron "un desprecio para los millones de personas que se manifiestan" contra su reforma, dijo el secretario general de la central obrera Confederación General de Trabajo (CGT), Philippe Martinez.
"Macron ha echado más brasas a un asador bien prendido", sentenció por su parte el líder del opositor Partido Socialista, Olivier Faure.
El excandidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), dijo que el mandatario incurrió en "sus habituales marcas de desprecio" hacia quienes no comulgan con sus medidas.
El Gobierno enfrenta desde enero un fuerte rechazo a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses rechazan la reforma, según sondeos.
Pero la tensión explotó cuando Macron y su primera ministra Élisabeth Borne anunciaron su instrumentación por decreto, ya que temían perder la votación en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, incluso con el apoyo de la oposición de derecha y pese a que el proyecto ya tenía media sanción del Senado.
Desde ese día, la capital París y otras ciudades registran cada noche protestas en las que manifestantes, en su mayoría jóvenes, queman contenedores y otros elementos en su pulso con la policía.
"No toleraremos ningún desbordamiento", advirtió Macro en la entrevista, que calificó de "sediciosos" a los manifestantes violentos y los comparó con quienes asaltaron el Capitolio en Estados Unidos en 2021 y las instituciones en Brasil en enero.
Agregó que tenía "respeto" por las protestas pacíficas organizadas por los sindicatos.
Las fuerzas de seguridad se encuentran en la mira por los cientos de detenciones efectuadas desde el jueves por los métodos represivos usados para controlar las protestas, que en la gran mayoría de los casos se saldaron con una liberación sin cargos.
La ONG Amnistía Internacional (AI) alertó hoy del "uso excesivo de la fuerza de forma generalizada" y de "las detenciones arbitrarias", preocupaciones ya expresadas por la oposición de izquierdas, abogados, magistrados e incluso la defensora del pueblo.
Más allá de la reforma, Macron arriesga poder aplicar el programa de su segundo mandato que corre hasta 2027, por lo que su entrevista fue muy seguida para conocer sus intenciones y ver si admitía algún error, como esperaban los observadores.
Pero el jefe de Estado reconoció que el único que cometió fue "no conseguir convencer" sobre la reforma, que espera aplicar "para finales de año" y que busca evitar un futuro "déficit" en la caja de las pensiones.
Los observadores consideraron un fracaso su aplicación por decreto de esta medida crucial para Macron, que ya en su primer mandato intentó implementarla, puesto que dificultaría la aprobación de nuevos proyectos ahora que su bloque de centro perdió la mayoría absoluta en la Asamblea nacional en elecciones celebradas el año pasado.
El presidente se reunió ayer con autoridades del Gobierno y el Parlamento, y trascendió a la prensa que les había dicho que rechazaba las tres exigencias de la oposición de someter la reforma a referendo, disolver la Asamblea Nacional y echar a Borne.
En cambio, encargó a la primera ministra "construir un programa de gobierno" y "ampliar la mayoría", informaron medios.
Macron fue reelegido hace casi un año gracias a la decisión de todos los otros partidos de apoyarlo para evitar un triunfo de su rival en el balotaje, la ultraderechista Marine Le Pen, que ven como una amenaza para la democracia en Francia.
Sin embargo, muchos de esos mismos partidos que lo apoyaron están en las antípodas de los postulados de su programa reformista liberal, que Macron pretende seguir impulsando.
Le Pen acusó ayer a Macron de estar empujando a Francia a un "estallido social".
La respuesta adversa está llamada a continuar.
Trabajadores portuarios en Marsella bloquearon hoy el acceso al puerto comercial de la ciudad, el más grande de Francia, impidiendo la entrada de camiones y automóviles en medio de una fuerte presencia policial, informó la agencia de noticias francesa AFP.
La basura aún se acumulaba hoy en algunas calles de París en el día número 17 de una huelga de recolectores, que ayer fue extendida hasta el lunes próximo.
Las autoridades parisinas emitieron una orden en los últimos días exigiendo a algunos empleados de la basura garantizar un "servicio mínimo" por motivos de salud.
Los envíos de petróleo en el país se vieron parcialmente interrumpidos en medio de huelgas en varias refinerías en el oeste y sur de Francia.
Las estaciones de servicio de la región sureste del país son actualmente las más afectadas por el desabastecimiento.
Los sindicatos han convocado nuevas protestas y huelgas a nivel nacional mañana jueves para exigir que el Gobierno simplemente retire el proyecto de ley de jubilación.
Se esperaba que no funcionen los trenes regionales y de alta velocidad, el subte de París y otros medios de transporte público en las principales ciudades.
Con información de Télam
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