El Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron adoptó hoy su impopular reforma jubilatoria por decreto, sin someterla al voto de la Cámara de Diputados, una decisión que podría hacer caer al gabinete en una moción de censura y potenciar la movilización social en las calles.
Tras una reunión de crisis, el Ejecutivo optó por recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, un mecanismo que le permite aprobar la iniciativa prescindiendo del voto legislativo, ante el temor de no reunir el apoyo necesario en la Cámara baja, donde no cuenta con una mayoría absoluta.
"No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones", argumentó ante el hemiciclo la primera ministra, Élisabeth Borne, mientras los legisladores opositores agitaban carteles con el lema "64 años es no", reclamaban su renuncia a los gritos y cantaban el himno como signo de protesta.
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“Es sobre su reforma, sobre el texto del Parlamento” consensuado por una comisión paritaria conjunta “que estoy dispuesta a comprometer mi responsabilidad”, sentenció Borne, que con estas palabras activó el controvertido procedimiento.
En consecuencia, el debate legislativo quedó suspendido y el texto se considera aprobado, salvo que los diputados presenten y aprueben una moción de censura contra el gobierno, que sería votada el próximo lunes.
Pese al rechazo de dos de cada tres franceses, según los sondeos, Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.
Durante el Consejo de Ministros que autorizó el uso del 49.3, el presidente estimó que no se podía jugar "con el futuro del país" y que "los riesgos financieros y económicos eran muy grandes" para perder la votación, según participantes del encuentro citados por la agencia de noticias AFP.
Sin embargo, la 100ª activación desde 1958 de este mecanismo causó indignación entre los legisladores de la oposición de izquierda y de ultraderecha, que amenazaron con hacer caer al Ejecutivo.
"Es un texto que no tiene legitimidad", dijo al canal Bfmtv Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda Francia Insumisa, quien justificó así el respaldo a una eventual moción de censura contra el gobierno.
También la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen afirmó que su formación presentaría dicho mecanismo para frenar la reforma, al calificar la adopción por decreto como "la constatación de un fracaso total" para Macron.
El descontento se extendió incluso a diputados de la alianza oficialista y del propio partido de Macron: "Deberíamos haber ido a la votación. Oscilo entre la decepción y la ira (...) Derrota o victoria, la democracia habría hablado", tuiteó el diputado oficialista Eric Bothorel.
En tanto, el conservador Los Republicanos, cuyo respaldo a la reforma logró esta mañana su media sanción en el Senado, indicó que no apoyarán ninguna moción de censura, aunque Aurélien Pradié, uno de los diputados reacios, aseguró que "lo pensará".
Tras conocerse la adopción por decreto, varios miles de personas se congregaron al grito de "huelga general" en la plaza de la Concordia, a cientos de metros de la Asamblea, para protestar contra la reforma y contra el uso de este mecanismo legal, cuyos detractores consideran antidemocrático.
"Hay una voluntad del gobierno de pasar a la fuerza. Más allá de lo que pase en el Parlamento, la calle puede darlo vuelta y va a darlo vuelta", dijo un joven manifestante al diario Le Monde.
Los sindicatos, que el pasado 7 de marzo lograron reunir a casi 2 millones de personas en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas, ya advirtieron que estudian convocar "nuevas manifestaciones".
"Obvio que habrá nuevas manifestaciones porque la movilización es muy fuerte (...) Lo decidiremos juntos en una reunión intersindical", dijo Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), quien denunció "un vicio democrático" del Ejecutivo.
"La movilización y las huelgas deben amplificarse", afirmó, por su parte, Philippe Martinez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).
De momento, el Gobierno se mantiene firme en su plan de subir una de las edades de jubilación más bajas de Europa que busca, según afirma, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones en un país con una creciente esperanza de vida.
Macron, de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar Francia, se juega con esta impopular medida poder aplicar su programa durante su segundo mandato.
El nuevo episodio en la saga de la reforma previsional llegó cuando las huelgas prorrogables lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y el transporte perdían fuerza, pese a las fuertes imágenes de las toneladas de basura acumuladas en París.
Si la moción de censura fracasa y se adopta así la reforma finalmente, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría más tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.
Con información de Télam
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