Cerca de un centenar de personas, varios de ellos sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en 1945 contra Japón, protestaron en la ciudad de Hiroshima contra el plan del Gobierno de aumentar el gasto militar debido a la escalada de tensiones en la región.
Los asistentes a la marcha argumentan que la decisión del Gobierno de Fumio Kishida de aumentar la capacidad de contraataque viola la Constitución del país, que establece una histórica política limitada a la "autodefensa" nacional.
Kunihiko Sakuma, presidente del Consejo de Organizaciones de Víctimas de la Bomba Atómica de Hiroshima, criticó que el aumento del gasto en Defensa "no conducirá a una solución pacífica", según señaló, citado por la agencia de noticias Europa Press.
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"Si Japón aumenta su disuasión, otros países la fortalecerán. No conducirá a una solución pacífica", advirtió Sakuma.
Un aumento del 2% del PBI "es un aumento muy anormal", insistió.
Por su parte, Shunichi Ishiguchi, que representa a la organización Acción total de Hiroshima, dijo que no puede "evitar recordar la historia de Japón de antes de la guerra, que se dirigía a la agresión", citado por la agencia de noticias Kyodo.
El Gobierno japonés presentó el viernes pasado un presupuesto anual que incluye una asignación sin precedentes al gasto militar del país de 6,8 billones de yenes (unos 48.000 millones de euros) para sustentar la nueva y agresiva política de defensa estratégica y contrarrestar la amenaza que representa Corea del Norte y la expansión china en la región del Indo-Pacífico.
La nueva partida de gasto en Defensa para 2023 representa un aumento de 26,4% respecto al año pasado y es el primer paso para romper el techo histórico de asignación de 1% del PBI al sector militar, con la intención de subirlo hasta el 2% en el año 2027, en línea con las expectativas de la OTAN, a pesar de que la salud fiscal del país es la peor entre las principales economías industrializadas, con una deuda pública que representa más del doble del PBI.
Con información de Télam
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