El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) aprobó la noche del miércoles la privatización de la empresa estatal de energía Eletrobras, la más grande de América Latina. La aprobación del órgano que fiscaliza las cuentas del Estado brasileño fue por 7 votos a 1, y allanó así la posibilidad de que la operación se concrete entre junio y agosto de este año.
El aval que dio el Tribunal representa una buena noticia para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a pocos meses de las elecciones presidenciales dado que llegaría a cumplir con su "promesa de achicar el Estado y sanear las cuentas públicas", compromiso con el que llegó al poder y con el que apenas pudo avanzar. "Sin una Eletrobras pública, Brasil pierde buena parte de su soberanía y seguridad energética. Las facturas de electricidad deberían ser aún más caras. Pero los que no saben gobernar tratan de vender empresas estratégicas, más aún apresurándose a vender en liquidación. #LuzParaPocos", tuiteó, por su parte, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva minutos después de conocerse la noticia del TCU.
A mediados de febrero, Lula había pedido a Bolsonaro que se abstuviera de participar en el proceso de privatización de Eletrobras, y hoy, ya en plena campaña electoral, es uno de los temas más importantes de la disputa, especialmente en medio de la disparada inflacionaria que tiene alto impacto en el precio de la energía y los combustibles. En ese escenario Bolsonaro también deslizó la intención de privatizar Petrobras.
“Es un día histórico para Brasil. El ministerio sigue comprometido con cumplir de manera diligente y a tiempo, las próximas etapas del proceso. Con la gracia de Dios, seguimos adelante”, tuiteó el flamante ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, designado el 11 de mayo. La privatización de la principal empresa de electricidad de Brasil había sido aprobada en el Congreso brasileño a mediados de 2021 y faltaba como última instancia la aprobación de la TCU.
Eletrobras es la mayor empresa de energía de Latinoamérica y responsable de un tercio de la generación en Brasil; además posee casi la mitad de las líneas de transmisión del país, con una extensión sumada de más de 70.000 kilómetros de tendidos eléctricos, y una capacidad instalada de generación de unos 50.000 megavatios (MW). El objetivo de la privatización es reducir del 70% al 45% la participación del Estado. Con ese movimiento el Gobierno espera recaudar además unos 13.000 millones de dólares. Con esta nueva dinámica, el Estado conservará un poder de veto ('golden share') en decisiones estratégicas sobre la compañía, responsable de generar un tercio de la energía del país.
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