Un tribunal italiano declaró ilegal el decreto aprobado en 2022 por el Gobierno de derecha de Georgia Meloni, que permitía el desembarco solo de las personas más vulnerables de los barcos humanitarios, anunció hoy la ONG Humanity.
"¡El decreto emitido en noviembre que prohibía a los Humanity 1 permanecer en aguas territoriales italianas es ilegal! El Juzgado de lo Civil en Catania dictaminó que obstaculizó el acceso de los rescatados a los procedimientos de asilo de una manera que constituyó discriminación", tuiteó Humanity.
El veredicto se refiere a las restricciones impuestas en noviembre pasado al barco Humanity 1, con bandera alemana, que había rescatado a 179 personas a la deriva en el Mediterráneo, la zona más peligrosa del mundo para los migrantes ilegales.
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El barco fue autorizado a atracar en el puerto siciliano de Catania el tiempo suficiente para desembarcar a 144 pasajeros, considerados los más vulnerables, mientras otras 35 tuvieron que permanecer a bordo.
Restricciones similares fueron impuestos al Geo Barents, un barco operado por la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF).
Finalmente, unos 250 migrantes, incluso los 35 del Humanity, pudieron desembarcar tras las fuertes protestas de las ONG y de la ONU.
"Está claro que entre las obligaciones internacionales que ha asumido nuestro país, figura la de brindar asistencia a todo náufrago, sin hacer distinción por sus condiciones de salud", explicó el tribunal de Catania.
"Por lo tanto, el decreto es ilegal en la medida en que solo permitía asistir a las personas con una salud precaria, en contra de las obligaciones internacionales", agregó el fallo del tribunal, según informó la agencia de noticias AFP.
Los partidos italianos de derecha y extrema derecha, que ganaron las elecciones legislativas en septiembre último, se comprometieron a poner fin a la llegada de decenas de miles de inmigrantes ilegales que desembarcan cada año en las costas italianas.
En enero pasado fue adoptado un nuevo decreto-ley que obliga a los barcos humanitarios a realizar un solo rescate a la vez.
Las ONG humanitarias y el Consejo de Europa también denunciaron ese decreto, alegando que contradice el derecho marítimo internacional e instaron a los legisladores a no aprobarlo cuando pase para su votación por el Parlamento esta semana.
Los barcos de las ONG salvan alrededor del 10% de los inmigrantes que llega a Italia, ya que la mayoría es rescatada por la guardia costera o la marina.
Sin embargo, el Gobierno acusa a las ONG de favorecer así el tráfico de personas.
Con información de Télam
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