Las ejecuciones en Irán aumentaron un 75% en 2022, un año marcado por la ola de protestas tras la muerte en custodia de la joven kurda iraní Mahsa Amini por no usar debidamente el velo islámico, según organizaciones de derechos humanos que acusaron al Gobierno de buscar "infundir miedo para aferrarse al poder".
Las ejecuciones por ahorcamiento pasaron de 333 en 2021 a 582 el año pasado, alertaron las ONGs Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM), basado en París, que denunciaron una "maquinaria de ejecuciones" para "sembrar el terror".
Se trata de la cifra más alta desde 2015, precisa también el reporte citado por la agencia de noticias Europa Press.
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El año pasado estuvo marcado por las manifestaciones nacionales desencadenadas en septiembre por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años, que había sido detenida por presunto desacato de las estrictas normas de vestir de las mujeres en el país.
Las autoridades respondieron con una ola de arrestos y condenas.
Las ONGs indicaron en el informe que "debido la falta de transparencia y los riesgos y limitaciones que sufren los activistas en Irán, el informe no da una imagen completa sobre el uso de la pena de muerte en Irán".
"Hay informes sobre ejecuciones que no están incluidas debido a que no hay suficientes detalles", y recalcó que tampoco incluye a los 537 manifestantes muertos durante las protestas tras la muerte de Amini y las "sospechosas muertes bajo custodia" o "los muertos por torturas".
"Para detener la maquinaria de la muerte del régimen iraní, es necesario que la comunidad internacional y la sociedad civil, ya sea 'in situ' o no, muestren activamente su oposición cada vez que una persona es ejecutada en el país", afirmó el director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam.
En este sentido, el informe recuerda que hasta la fecha fueron ejecutados cuatro personas condenadas por su papel en las protestas y agrega que "más de 100 manifestantes se enfrentan a cargos que acarrean la pena de muerte y al menos 20 han sido sentenciados a muerte en juicios en primera instancia".
"Con el fin de infundir miedo a la población y a los jóvenes que protestan, las autoridades han intensificado las ejecuciones de presos condenados por motivos no políticos", lamentó el director de IHR, informó la agencia de noticias AFP.
Pese a las críticas internacionales, las ONGs señalaron que "las autoridades intensificaron la ejecución de prisioneros por cargos no relacionados con la política, con al menos 127 ajusticiados en noviembre de diciembre de 2022".
Entre ellos figuran 67 sentenciados por delitos de drogas y 53 por cargos de asesinato.
Las ejecuciones por casos de drogas venían cayendo desde un cambio de legislación en 2017, pero después del inicio de las protestas de septiembre repuntaron y totalizaron 256 en 2022, un 44% de las 582 ejecuciones de ese año.
El número duplica en del 2021 y representa diez veces más que el de 2020 por ese tipo de crímenes.
Un 30% de la totalidad de los ejecutados pertenecían a la minoría sunita de Baluchistán, que representan apenas entre el 2% y el 6% de la población del país, de confesión mayoritariamente chiita, otra rama del islam.
También hubo un número demográficamente desproporcionado de kurdos y de árabes ejecutados, la mayoría por presuntos crímenes relacionados con drogas.
"La pena capital es parte de la discriminación sistemática y de la represión extensiva a las cuales están sometidas las minorías étnicas de Irán", afirma el reporte.
La mayoría de las ejecuciones (288, un 49%) se ordenaron por casos de asesinatos, un récord en los últimos 15 años.
Con información de Télam
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