Irán dictó una nueva pena capital vinculada a las protestas iniciadas en septiembre tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini, un día después del anuncio de otras cuatro condenas similares y en medio de reclamos internacionales, entre ellos de la ONU, que denuncia que Teherán busca "infundir miedo entre la población con el objetivo de reprimir la disidencia".
La República Islámica se vio sacudida por protestas desde la muerte de Amini, una kurda de 22 años que había sido previamente arrestada por la policía de la moral, acusada de infringir el estricto código de vestimenta que rige en el país.
El manifestante Javad Rouhi fue sentenciado a la pena capital por el cargo de "corrupción en la tierra", informó la agencia del poder judicial Mizan Online, una sentencia que puede ser apelada, y que lleva el balance de condenados a muerte en relación con las protestas a 18, precisó la agencia de noticias AFP.
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Rouhi fue condenado por "liderar un grupo de alborotadores", "incitar a la gente a crear inseguridad" y por "apostasía y desacralización del Corán por su quema", informó la agencia Mizan Online.
Las autoridades iraníes afirman que cientos de personas -incluyendo agentes de seguridad- murieron y que miles fueron arrestadas durante las protestas.
Entre las detenidas se cuenta la hija de expresidente Ali Akbar Hashemi Rafsanyani, sobre quien pesa una condena a cinco años de cárcel, informó hoy la agencia de noticias Europa Press.
Faeze Hashemi fue detenida en septiembre, acusada de "incitar los disturbios" días después del arranque de las movilizaciones por la muerte de Amini, y según la agencia de noticias Mehr, la mujer, abogada y periodista, tiene también "otros casos" pendientes en los tribunales.
Ayer, la Justicia iraní condenó a la pena capital a otras cuatro personas acusadas de haber participado en la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
Tres de condenados, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi y Saeed Yaghoubi, fueron acusados de estar implicados en la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad, informó Mizan Online, la agencia de información del Poder Judicial.
Fueron declarados culpables de "moharabeh" (cometer un delito contra Dios), precisó la prensa iraní.
En el mismo proceso, otras dos personas fueron condenadas a penas de cárcel por la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad en la provincia de Isfahán, centro del país, el 16 de noviembre del 2022, indicó la fuente.
La ola de arrestos y condenas impulsó la denuncia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, quien advirtió que Irán usa la pena capital para intimidar a los manifestantes y reprimir la disidencia.
"El Gobierno iraní utiliza la persecución judicial y la pena de muerte como una arma contra personas que participan en las protestas para infundir miedo entre la población con el objetivo de reprimir la disidencia", dijo Turk, que recordó que este tipo de prácticas "violan el derecho internacional y los derechos humanos".
El directivo indicó que las autoridades iraníes "podrían servir mejor a sus propios intereses y a los de su pueblo" mediante "las reformas jurídicas y políticas necesarias para garantizar el respeto de la diversidad de opiniones, los derechos a la libertad de expresión y de reunión, y pleno respeto y protección de los derechos de la mujer en todas las esferas de la vida".
Según los datos del organismo, al menos 17 personas más fueron condenadas a muerte y unas 100 están acusadas de delitos punibles con pena capital.
La portavoz de la Acnudh, Ravina Shamdasani, informó que Turk prevé reunirse con representantes de Irán para examinar la pena de muerte en el país.
Con información de Télam
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