La Cámara de Diputados de Chile aprobó una ley que amplía las facultades de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) para realizar controles de identidad y hacer frente al aumento de la inmigración en el país. Las modificaciones que implementa esta norma, que fue aprobada por 86 votos a favor, 44 en contra y cinco abstenciones, suprime el tiempo acotado de una hora, que se reemplaza por un tiempo indefinido, para que un funcionario policial detenga y “ponga a disposición” de la PDI a la persona que no pueda acreditar su situación migratoria regular.
Además, suprime la frase que prohibía el control policial de identidad fundado en motivos discriminatorios, permitiendo a los efectivos realizar controles de forma directa sin esta restricción de la ley. Esto tiene relación con las atribuciones sobre el control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas, que serán otorgadas a las Fuerzas Armadas de forma transitoria, quienes podrán apoyar a Carabineros y PDI en el control de identidad y que no sea una labor exclusiva de estas instituciones.
La norma es una respuesta a lo que la mayoría de la dirigencia política califica como una crisis migratoria. En los últimos tiempos hubo un aumento sustantivo de la llegada de inmigrantes, especialmente desde el Norte y provenientes de Venezuela; sin embargo, a diferencia de lo que sucede en crisis migratorias en Medio Oriente, Asia o África, el flujo de personas no fue tan grande como para colapsar los servicios públicos.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con estimaciones al 31 de diciembre de 2021, la población extranjera que reside en el país es de 1.482.390. Representa un alza de 1,5% respecto a igual fecha de 2020 y un aumento de 14,1% en comparación con 2018.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, dijo este miércoles a Radio Cooperativa que entre el 2018 y 2021 hubo cerca de 9.000 causas en la Justicia de ingreso irregular. Además, detalló que, según datos que brinda Carabineros, están ingresando por la región Tarapacá, 1.800 kilómetros al norte de Santiago, frontera con Bolivia, 400 personas a la semana, y se estima que en 2021 “ingresaron 56.000 personas por pasos no habilitados”.
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Thayer informó también de la implementación del “empadronamiento biométrico” que, a través de la huella digital, ayudará a identificar a migrantes irregulares en el país. "Para el mes de mayo o principios de junio” comenzará a operar el empadronamiento a las personas que están en situación irregular en el país, explicó.
Envalentonados por el giro que parece haber aceptado el Gobierno de Boric, el lunes, el ex candidato presidencial pinochetista José Antonio Kast, y diputados del Partido Republicano pidieron al Gobierno crear “lugares provisorios” para extranjeros que hayan ingresado al país de manera ilegal. “Queremos reeditar algo similar a lo que fueron las residencias sanitarias, para tener lugares para llevar a quienes no cumplan con los requisitos de permanencia en Chile a lugares provisorios hasta que sean expulsados”, dijo Kast a la prensa.
El ex candidato afirmó que esta medida generaría una “mejor relación” y “directa relación” con los países vecinos para “exigirle a cada uno de ellos control migratorio” y de esta forma atacar una de las principales crisis que vive el país.
Con información de Télam
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