Más de un centenar de organizaciones de derechos civiles pidieron hoy al presidente Joe Biden que rescinda el programa que permite a la policía ejercer tareas de control migratorio en Estados Unidos, que "generan desconfianza" y animan "a los ideólogos de derecha a provocar sentimiento supremacista blanco".
En una carta enviada hoy al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, las organizaciones reclamaron que "reexamine y rescinda los acuerdos" alcanzados de ese programa porque contravienen las normas de una guía revisada del Departamento de Justicia para las agencias federales, encargadas del cumplimiento de la ley.
Esta guía señala que "las prácticas sesgadas son injustas" y "generan desconfianza" y por lo tanto "prohíbe el uso de suposiciones o estereotipos generalizados sobre individuos o grupos" como "base para la aplicación de la ley".
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Según las organizaciones, los acuerdos alcanzados a través del Programa 287 (g) en todo el país "se han convertido en herramientas dañinas que apuntan intencionalmente a los inmigrantes, así como en potentes símbolos políticos para los ideólogos de derecha que buscan provocar el sentimiento supremacista blanco y fomentar animosidad contra los migrante".
La ley de inmigración cuenta con una sección conocida como el Programa 287 (g) que habilita al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a implementar acuerdos con agencias del orden público locales y estatales, como los sheriffs.
Durante su mandato, el expresidente republicano Donald Trump, partidario de una política dura contra la migración, reforzó este programa, que Biden prometió cancelar, aunque por el momento no lo ha hecho.
El programa recurre a cientos de oficiales en 138 agencias policiales estatales y locales de todo el país para ayudar al ICE a identificar, detener y deportar inmigrantes en Estados Unidos.
En un informe de 2022, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las asociaciones firmantes de la misiva, concluyó que las comunidades son víctimas de discriminación racial en muchos de los lugares donde se aplica el programa.
La guía de justicia racial es la "oportunidad perfecta" para que el gobierno aborde "los muchos daños que este programa ha causado a las comunidades migrantes durante décadas", afirmó Sirine Shebaya, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Inmigración, citada en un comunicado difundido por ACLU y replicado por la agencia de noticias AFP.
Agregó que se ha usado para "atacar y criminalizar a los inmigrantes de color y ha envalentonado a los agentes de la ley racistas".
El martes pasado, Estados Unidos extendió por 18 meses el amparo conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) que concede permiso de residencia y trabajo a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, que había sido cancelado por Trump.
Esta prolongación permite "ofrecer seguridad y protección continua" a los más de 300.000 beneficiarios actuales de estos países que "ya están presentes en Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres medioambientales", expresó entonces Mayorkas.
La ampliación permitirá a unos 239.000 beneficiarios salvadoreños, 76.000 hondureños, 4.000 nicaragüenses y 14.500 nepalíes registrarse de nuevo para continuar con el TPS.
El programa temporal y renovable establecido por el Congreso impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.
Trump decidió cancelar el TPS, pero algunos beneficiarios recurrieron a los tribunales con demandas que siguen en curso.
Para cumplir con las órdenes judiciales, Biden extendió la validez de la documentación vinculada al TPS hasta el 30 de junio de 2024, con lo que ahora revierte la decisión de su predecesor.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, celebró la medida al sostener que "beneficiará a miles de familias" de su país.
Con información de Télam
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