El estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, aprobó hoy una ley con duras medidas contra la migración irregular, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente.
DeSantis firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema "La crisis fronteriza de (Joe) Biden", el presidente demócrata al que acusa de no atender la inmigración ilegal.
"Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense", dijo el gobernador, justificando la necesidad de la nueva ley floridana, que entrará en vigor el 1ro de julio.
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La nueva normativa exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar; lo mismo deberán hacer los hospitales que acepten el seguro médico público Medicaid, que, además, tendrán que informar acerca de los costos de atender a inmigrantes ilegales, según el comunicado del Gobierno de Florida.
La ley endurecerá las penas a traficantes de personas, y castigará con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
A partir de la implementación de esta regulación, las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes ilegales no serán reconocidas en Florida y tampoco podrán acceder a la financiación de programas locales para otorgarles documentos de identidad.
Unos 660.000 extranjeros residían en Florida en situación irregular en 2018, según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos en 2021, informó la agencia de noticias AFP.
Ron DeSantis, de 44 años, es una figura ascendente de la derecha estadounidense, que en los últimos meses promovió una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza, la inmigración o el derecho al aborto, en medio de los preliminares de las elecciones presidenciales de 2024, para las que ya demostró sus intenciones de postularse.
El gobernador defendió hoy la ley migratoria como una medida necesaria para reducir la delincuencia provocada, según él, por la "enorme negligencia" de la administración Biden, y puso como ejemplo varios delitos violentos cometidos en Florida por "extranjeros ilegales" y las muertes provocadas por el tráfico de fentanilo, un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína, desde México.
El año pasado, el gobernador hizo enviar dos grupos de venezolanos indocumentados desde la frontera en Texas hasta bastiones demócratas del noreste de Estados Unidos a bordo de dos aviones privados.
Sin embargo, las iniciativas de DeSantis han sido cuestionadas por defensores de los derechos humanos, centradas fundamentalmente en el uso de E-Verify y la obligación para los hospitales de recopilar datos de sus pacientes.
"Florida penaliza a los inmigrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la paz y la prosperidad", declaró Tessa Petit, directora ejecutiva de la organización Florida Inmigration Coalition, en un comunicado enviado este miércoles.
Según la ONG Florida Policy Institute, la imposición de utilizar E-Verify podría costarle 12.600 millones de dólares en un año a la economía de Florida, donde trabajan numerosos extranjeros en situación migratoria irregular en sectores como la construcción, la agricultura, la restauración y el ocio.
Respecto a la norma sobre hospitales, "hará que muchas personas renuncien a la atención médica o la retrasen, creando un clima de miedo si creen que acudir al hospital puede acarrear la deportación o la separación familiar", denunció en un comunicado Aurelie Colon Larrauri, defensora de política en Florida en la oenegé Latina Institute for Reproductive Justice.
Con información de Télam
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