La Corte Constitucional de Colombia -máximo tribunal del país- echó por tierra el Ministerio de Igualdad y Equidad, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. Para la Justicia, el Congreso se saltó requisitos procedimentales que tienen que ver con el aval fiscal que debe expedir el Ministerio de Hacienda al momento de aprobar la ley que podrían significar "gastos para el Estado". Más allá de eso, le otorgó al Gobierno un plazo de dos años para enmendar la situación con una nueva iniciativa. La decisión se da a conocer horas después de que el presidente, Gustavo Petro, denunciara un intento de "golpe blando" por parte de la Justicia electoral.
El Ministerio fue una de las banderas de campaña del Pacto Histórico que llevó a la dupla al Palacio de Nariño y tiene entre sus objetivos la creación y promoción de políticas públicas para eliminar las desigualdades económicas, políticas y sociales, con especial atención a las poblaciones vulnerables, grupos históricamente discriminados o marginados, con enfoque de género, étnico racial e interseccional, según reseñan en la página institucional de la cartera.
Desde su creación en enero de este año hasta ahora, la ejecución presupuestal fue de 0,24% de los 1.8 billones de pesos colombianos (cerca de 28 millones de dólares) previstos para 2024. "Hemos creado una institución de cero. En cien años aquí no se había creado un Ministerio como el que estamos creando nosotros, que llegamos aquí en esa tarea y, en tiempo récord, hemos avanzado para lograr el lugar hasta donde hemos podido avanzar", dijo Márquez, justo dos días de que se diera a conocer la sentencia judicial.
En El Espectador, uno de los medios más importantes del país, catalogaron la decisión como un "gancho al hígado" del Gobierno de Petro, tras constatar que el trámite en el Congreso "incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis del impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y equidad, conforme a les exigencias previstas" en función de la normativa vigente en el país.
De esa manera, la Justicia consideró que se "violó el artículo 151 de la Constitución", que exige ese requisito mencionado en una decisión que tomó a partir de la presentación de una demanda de congresistas de la oposición como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y el preso exsenador Ciro Ramírez, los tres pertenecientes al partido Centro Democrático fundado por el expresidente colombiano y enjuiciado Álvaro Uribe.
Más allá de eso, la Sala Plena de la Corte determinó que el Ministerio continuará vigente hasta el 20 de junio de 2026, es decir, durante las próximas dos tandas de sesiones ordinarias en el Legislativo. En ese plazo, el Gobierno y el Congreso tendrán la oportunidad de tramitar una nueva ley para "subsanar" los errores, así evitar una desintegración inmediata que, consideraron podría crear "una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de especial protección constitucional, tales como las madres cabezas de familia y personas en situación de discapacidad (sic)".
En caso de que el Gobierno no quisiera ir por ese camino, la Corte estimó el Gobierno Nacional tendría "un tiempo suficiente" para reasignar las funciones que fueron otorgadas al Ministerio y llevar a cabo "las modificaciones en la administración pública nacional que correspondan para evitar afectaciones a los derechos de los sujetos de especial protección constitucional que son beneficiarios de la política pública que actualmente dirige” la cartera a cargo de Márquez.
La decisión del alto tribunal se suma a otras que ha tomado en contra de iniciativas del gobierno Petro, como algunos puntos de la reforma tributaria o el paquete de decisiones con las que se decretó el estado de emergencia en La Guajira y que fueron declaradas inexequibles una a una por la Sala Plena.
Denuncia de "golpe blando"
Petro denunció el pasado 7 de mayo un intento de “golpe de Estado” en su contra y una “ruptura institucional” por la radicación de la ponencia que formularía cargos en su contra en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que busca investigarlo por supuesto "financiamiento irregular" a su campaña, en 2022.
"Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La Democracia entra en emergencia (...) Ha comenzado el golpe blando", aseguró Petro, mediante su cuenta de X.
Sus declaraciones llegaron después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara el 8 de mayo que estudiaría la ponencia de dos magistrados, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que acusan al presidente de financiación irregular y violación de topes electorales durante su campaña al Ejecutivo en 2022.
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