Un ucraniano, que afirma haber sido torturado por las fuerzas rusas en el marco de la invasión de Kiev, ha presentado una denuncia en Argentina acompañado por The Reckoning Project, el pasado 15 de abril, en un intento "poco habitual" de exigir responsabilidades por presuntos crímenes de guerra en una instancia en la que los fiscales de su país están desbordados por casos similares, a dos años del inicio del conflicto.
En la denuncia, adelantada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters, el hombre acusa a una persona identificada, a dos identificadas por sus indicativos de llamada o insignias militares y a otras personas anónimas de utilizar la electrocución y el encarcelamiento ilegal como formas de tortura entre mediados y finales del 2022. Asimismo, el denunciante pidió no dar a conocer su identidad por temor a represalías a su familia que aún se encuentra en regiones de Ucrania ocupadas por el presidente ruso Vladimir Putin.
Dicha denuncia se realizó frente al Tribunal Federal de Buenos Aires y apuntó directamente contra los presuntos autores de los delitos manifestados. Señaló a quienes lo torturaron, los funcionarios que dirigían el centro de detención en el sur de Ucrania donde dice que estuvo detenido y su superior en el trabajo a quien acusa de facilitar la agresión. "Me detuvieron en el trabajo. Luego me torturaron, usaron descargas eléctricas", detalló en diálogo con Reuters desde Buenos Aires.
"Fue increíblemente doloroso, así que perdí el conocimiento. Tuve suerte de sobrevivir, mucha gente sigue allí", señala el denunciante. Mientras que afirma: "Soy uno de tantos. Muchas otras personas que conozco fueron sometidas a un trato aún peor. Quiero contarle al mundo sobre nuestro dolor. Estas prácticas continúan ocurriendo en los territorios ucranianos ocupados por Rusia".
El hombre nacido en Ucrania fue acompañado por Nataliya Gumenyuk, líder de The Reckoning Proteject y CEO de Public Interest Journalism Lab (PIJL) -compuesto por periodistas y sociólogos de diferentes países que buscan analizar y discutir temas sociales complejos-. "En los últimos dos años, nuestro equipo ha registrado más de cien testimonios de personas que fueron sometidas a torturas, algunas decenas de ellas electrocutadas de forma muy similar. Dado que incluso las Naciones Unidas observaron que Ucrania enfrenta una enorme carga de casos y recursos limitados, no podemos esperar que un sistema judicial sea capaz de lidiar con esa cantidad de crímenes", señalaron.
Frente a ello, teniendo en cuenta que la Constitución Argentina permite juzgar crímenes internacionales de lesa humanidad y de guerra independientemente del lugar donde ocurrieron. "A lo largo de los años, ha asumido un papel de liderazgo en la lucha contra la impunidad tanto a nivel nacional como internacional, incluso abriendo investigaciones bajo el principio de jurisdicción universal que surgen de diferentes contextos nacionales. Su poder judicial ha dictado casos históricos sobre el delito de tortura", añadieron.
El Reckoning Project es una ONG ucraniana. Ésta reúne a periodistas de investigación sobre el terreno, que recopilan testimonios de testigos de lugares donde se produjeron violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y atrocidades, junto con diversos abogados. Trabajan juntos para erradicar la impunidad a través de los tribunales de justicia, los tribunales de opinión pública y las vías de rendición de cuentas disponibles.
El Ministerio de Defensa ruso declinó el lunes hacer comentarios. Más allá de este caso en particular, Moscú negó -en reiteradas ocasiones- haber cometido crímenes de guerra en Ucrania y criticó anteriores órdenes de detención por dichos delitos provenientes de la Corte Penal Internacional señalando que son parte de una campaña sesgada de Occidente para desacreditar a Rusia.
La denuncia ante el Tribunal
El equipo jurídico del denunciante y miembros de The Reckoning Project señalaron que la denuncia tiene cerca de 70 páginas: se incluyen supuestos testimonios de otras personas recluidas en el mismo centro de detención que respaldan las acusaciones, así como conclusiones de expertos de Naciones Unidas sobre prácticas similares de tortura en centros, incluida la voz del implicado. Según el hombre, se le conectaron cables eléctricos a la oreja y a un dedo para administrarle descargas eléctricas por todo el cuerpo.
Ibrahim Olabi, letrado jefe del caso, declaró que el hombre había sido interrogado y torturado durante unos 20 días; finalmente fue puesto en libertad sin cargos y consiguió huir a un territorio no ocupado de Ucrania. Cabe señalar que pidió que no se dieran detalles en el expediente que pudieran identificar al hombre, el lugar y el momento exactos de los presuntos hechos, ni la identidad de los presuntos autores, alegando preocupación por la seguridad del hombre y la integridad del proceso.
Ahora, el Tribunal deberá decidir ahora si acepta la denuncia, lo que podría llevar meses. Si los fiscales argentinos aceptan la denuncia, será el primer caso sobre presuntos crímenes de guerra rusos en Ucrania presentado fuera de Europa y Estados Unidos. Argentina se ha hecho cargo anteriormente de casos procedentes de lugares como España, Yemen y Myanmar.
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"La presentación es un paso histórico importante. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a la justicia argentina en su búsqueda de la verdad y la justicia", declaró Yuri Belousov, jefe de la unidad de crímenes de guerra de la Fiscalía General de Ucrania. A su vez, dijo que utilizar la "jurisdicción universal" era crucial para Ucrania, dado el gran número de casos relacionados con presuntos crímenes de guerra que habían creado un "desafío sin precedentes" para su sistema de justicia. Según ellos, los fiscales ucranianos han registrado más de 126.000 casos de crímenes de guerra desde la invasión rusa de febrero de 2022.
Al tratarse de un caso de jurisdicción universal, si resultan culpables de dichos crímenes "nunca más podrán viajar con facilidad, no podrán cruzar una frontera sin preguntarse qué ocurrirá al otro lado" expresó una experta en derecho internacional.
Cabe señalar que, el año pasado, una comisión de investigación de la ONU concluyó que el uso de la tortura por parte de Rusia en zonas bajo su control era generalizado y sistemático. También halló unos "pocos casos" de violaciones cometidas por las fuerzas ucranianas en relación con casos de ataques indiscriminados y malos tratos a detenidos rusos; mientras que a su vez constataron que las torturas se cometieron principalmente en centros de detención gestionados por las autoridades rusas y sobre todo contra personas acusadas de ser informadores ucranianos.
Con información de Reuters.