Cuando faltan menos de 15 días para el traspaso de mando en Guatemala, sectores de la Justicia insisten en ponerle un freno a la asunción de Bernardo Arévalo y Karin Herrea. Luego de haber puesto en duda los resultados de las elecciones, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, presentó una apelación para frenar la llegada al Ejecutivo de la dupla de la izquierda progresista del Movimiento Semilla electa por el 58,45% de los votos en el balotaje del 21 de agosto.
La presentación de Curruchiche llegó a la Corte Constitucional para pedir dejar sin efecto la resolución emitida por el Juzgado Noveno Penal, del 15 de diciembre, que había solicitado garantizar la toma de posesión del nuevo Gobierno pese a las denuncias de supuestas irregularidades del mismo fiscal.
Según reportó el portal Prensa Comunitaria, a criterio de Curruchiche, el amparo otorgado por el juzgado “es carente de veracidad y no se dan los presupuestos legales para ser declarada con lugar”. Además, el portal República, informó que la presentación señala que “no existen vestigios" de golpe de Estado "como lo señalan los profesionales que presentaron el amparo y asegura que no ha roto el orden Constitucional.
También, la FECI aseguró que es un “obstáculo” el impedir el mandato constitucional de investigar. “Es importante hacer ver, que el amparo es planteado con argumentaciones que son ineficaces (...) circunstancias que ni remotamente se aproximan al alegato que exponen y que por lo tanto son inaplicables en este caso”, detalla el documento.
A principio de diciembre, el Ministerio Público (MP) junto con el fiscal presentaron una investigación sobre supuestas anomalías en las elecciones generales, por las que consideraba que sus resultados eran "nulas". En el proceso se señalaron dos líneas enfocadas supuestos delitos cometidos por el presidente electo y sus diputados, que implicaba la suspensión del partido Movimiento Semilla, entre otras cuestiones.
Y, en una tercera, la fiscalía apuntó contra el Supremo Tribunal Electoral (TSE) por el presunto fraude electoral, sin especificar a quién se pudo favorecer o si las actas con irregularidades influirían realmente en los resultados electorales del 25 de junio y el 20 de agosto. Las denuncias fueron consideradas tanto por Arévalo como por la comunidad internacional como un intento de desestabilización que constituía un golpe de Estado.
De hecho, Almagro condenó esa acción de esa manera: "La democracia de Guatemala se encuentra sometida a unas de sus pruebas más difíciles" ante "las amenazas del Ministerio Público", subrayó entonces.
Luego de esos intentos de desestabilización, la Corte de Constitucionalidad también se pronunció: “Conforme su fin último de preservar el Estado de Derecho”, el organismo consideró que “para salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de derecho de Guatemala” conminar al Congreso “garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023”. También instó al presidente, Alejandro Gimmatei, “a promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso”.
Cerrar sesión