El presidente electo de Guatemala el pasado 20 de agosto por el Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, decidió romper el diálogo con el Gobierno luego que la fiscal general del país determinara un allanamiento contra el Tribunal Superior Electoral (TSE) para la revisión de cajas con votos para la primera vuelta. Hace diez días, Arévalo denunció la puesta en marcha de un golpe de Estado por parte de distintos actores de la Justicia -entre ellas, la fiscal- para evitar su asunción el próximo 14 de enero. “Deben renunciar”, exigió en una conferencia de prensa el martes por la noche. Por su parte, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, lamentó la decisión.
“Ante la situación provocada por (la fiscal general a cargo del Ministerio Público Fiscal, Consuelo) Porras, (el fiscal especial contra la impunidad, Rafael) Curruchiche y (el juez penal, Freddy) Orellana, hemos informado al Presidente Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias”, dijo Arévalo en conferencia de prensa y replicó sus palabras en las redes sociales. En esa línea, sostuvo que retomará la transición presidencial con Giammattei “en cuanto se restablezcan las condiciones políticas necesarias, tras aclarar que las únicas autoridades competentes para verificar el resguardo del material electoral son el TSE y las juntas electorales”.
Porras, según informaron los medios de comunicación locales, instaron a la revisión de “160 cajas” con votos de la primera vuelta de los comicios generales del pasado 25 de junio, tras recibir supuestas denuncias sobre anomalías en una de las cajas, indicó el fiscal Curruchiche.
“Otorgando un disfraz judicial a una acción política espuria del partido Unión Nacional por la Esperanza–UNE, de Sandra Torres, que perdió en la contienda electoral contra Arévalo), esta vez en su intento de anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto han ordenado la apertura de algunas de las cajas que preservan los votos emitidos en las elecciones del 25 de junio”. Eso, entendieron, constituye delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación a la Constitución Política de la República de Guatemala. Según explicaron las autoridades electas, los operativos del Ministerio Público contravienen lo establecido en la Ley Electoral y de Partido Políticos, que en su artículo 243 dice que solo las juntas electorales, compuestas por ciudadanos, pueden hacer el escrutinio de los votos.
Sobre el tema se expidió su preocupación en un comunicado “ante una inédita contravención a la ley electoral” y señalaron que eso “muestra que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular, sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos”.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó, su “profunda preocupación” tras los allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y afirmó que estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustarse a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento a las elecciones. “Cuestionar estas elecciones ya celebradas es cuestionar la voluntad misma del pueblo de Guatemala, que el 20 de agosto se expresó de manera contundente en las urnas”, señaló la Misión.
Arévalo ya señaló a los tres funcionarios como parte de una trama que busca evitar su asunción. De hecho, luego de la primera vuelta, fueron ellos quienes intercedieron para la suspender el reconocimiento de los resultados por más de dos semanas y hasta avalaron la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, decisión que ahora revocó la Corte Constitucional.
En esa línea, tras ese encadenamiento de situaciones, el presidente electo de Guatemala, insistió en que “violentaron el proceso electoral”, en esta ocasión, por “desviar” su función constitucional de investigar” para “emprender una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral. Sólo su salida permitirá garantizar el orden constitucional", remarcó el futuro gobernante en conferencia de prensa. Además, anunció que pedirá que se levanten los fueros a la fiscal general y al juez Orellana, e interpondrá una denuncia penal contra Curruchiche y la fiscal auxiliar Cinthia Monterroso, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
"Esta es una decisión que respetamos, pero no compartimos, pues se realizó derivado de acciones ajenas al Organismo Ejecutivo, que no interfieren en el proceso que se había realizado a la fecha", objetó Giammattei en un comunicado difundido por medios locales y la agencia de noticias AFP.
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