Los 30 presos que quedan en Guantánamo están sujetos a "un trato cruel, inhumano y degradante constante según el derecho internacional”, afirmó hoy la experta en derechos humanos de la ONU Fionnuala Ní Aoláin, tras la primera visita al centro de detención estadounidense en Cuba.
Tras décadas de demandas infructuosas de expertos independientes de derechos humanos de la ONU, la relatora especial para los derechos humanos y la lucha antiterrorista pudo visitar la cárcel en febrero, por invitación del Gobierno del presidente Joe Biden.
Su informe, publicado hoy, describe que pese a "importantes mejoras" en el centro de detención, hay allí una "vigilancia casi constante, extracciones forzadas de las celdas, utilización excesiva de medios de contención", así como "carencias estructurales en materia de salud, acceso inadecuado a las familias" y "detenciones arbitrarias caracterizadas por las violaciones del derecho a un juicio justo".
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"La totalidad de todas las prácticas y negligencias tienen efectos agravantes acumulativos para la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de cada detenido, lo que equivale, para mí, a un trato cruel, inhumano y degradante de acuerdo al derecho internacional", dijo en una conferencia de prensa.
"El cierre de este centro es una prioridad", agregó la funcionaria, según la agencia de noticias AFP.
Expertos independientes de derechos humanos de la ONU trataron de conseguir permiso para acceder a esa cárcel militar, situada en el sudeste de Cuba, desde que se abrió en 2002 para albergar a los detenidos de la "guerra contra el terrorismo" que libró Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que mataron casi a 3.000 personas.
La cárcel, que llegó a albergar a 800 "prisioneros de guerra", estuvo en el foco de mira de la comunidad internacional por las supuestas violaciones de los derechos humanos, detenciones ilegales y tortura que se habrían llevado a cabo en ella.
En una carta que acompaña al informe, Estados Unidos manifestó su "desacuerdo" con "muchas afirmaciones" del documento, que "no refleja la posición oficial de Naciones Unidas", en la que asegura que los detenidos reciben cuidados médicos y se pueden comunicar regularmente con sus familias.
La embajadora ante el Consejo de Derechos Humanos, Michele Taylor, señaló que el gobierno de Biden "trabaja activamente para encontrar lugares adecuados para los detenidos que quedan".
Con información de Télam
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