La justicia británica autorizó el controvertido plan del premier ministro Boris Johnson de expulsar a Ruanda a migrantes y demandantes de asilo que entren en su territorio de forma ilegal. La decisión la tomó un juez de los Reales Tribunales de Justicia luego de una serie de demandas interpuestas por organizaciones de refugiados y de derechos humanos. La indignación tras esta decisión llegó hasta las oficinas de las Naciones Unidas, desde donde sostuvieron que “es ilegal”.
El plan fue anunciado el pasado 14 de abril, tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Ruanda para enviar potencialmente a decenas de miles de solicitantes de asilo a la nación del este de África en un intento por socavar las redes de tráfico de personas y detener el flujo de migrantes que arriesgan sus vidas al cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde Europa. Esta acción, se da en un año en el que más de diez mil personas llegaron ilegalmente al país, informó la agencia Télam; y además, luego de que Boris Johnson encabezara la bandera del control de la migración como uno de los ejes principales de su campaña a favor del Brexit, que concretó la salida de Reino Unido de la Unión Europea en 2020.
Según está previsto, unos 30 solicitantes de asilo, que actualmente se encuentran recluidos en centros de detención de inmigrantes, serán trasladados allí desde un lugar secreto en el Reino Unido por una aerolínea no revelada el martes, informó el diario británico The Guardian. Para ello, Ruanda ya tiene listo un hotel para alojar a unos cien migrantes y se prevé que reciba en un primer momento 120 millones de libras (157 millones de dólares) para acogerlos y "darles una vía legal para la residencia" a fin de que puedan "establecerse de forma permanente, si así lo desean", según el canciller del país africano, Vincent Biruta.
Con la intención de evitar el nuevo plan migratorio del gobierno, un sindicato y dos ONGs lanzaron una acción judicial urgente el miércoles pasado ante un tribunal londinense. Pero, tras un día de vistas, el juez Jonathan Swift desestimó sus argumentos considerando "importante para el interés público que la ministra del Interior pueda aplicar las decisiones de control de la inmigración". Entre los demandantes están Care4Calais y Detention Action, dos organizaciones que trabajan en el tema de migrantes y refugiados, y varios solicitantes de asilo, que insistieron con un recurso judicial que deberá ser examinado el lunes.
Por su parte, la ministra del Interior británica, Priti Patel, se celebró el fallo y reafirmó su determinación de poner en marcha una estrategia que, según dijo, busca luchar "contra el letal comercio del tráfico de seres humanos y, al fin de cuentas, salvar vidas", señala Télam. Según The Guardian, Boris Johnson también dio la bienvenida al fallo: "No podemos permitir que los traficantes de personas pongan vidas en riesgo y nuestra asociación líder mundial ayudará a romper el modelo comercial de estos criminales despiadados".
Para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) esta acción resulta "ilegal por una serie de razones" y "contiene salvaguardias inadecuadas", por lo que señaló que "no respalda en absoluto el acuerdo".
Según Care4Calais, unos 35 sudaneses, 18 sirios, 14 iraníes, 11 egipcios y 9 afganos que huyeron de los talibanes se encuentran entre los más de 130 solicitantes de asilo a los que se les notificó su próxima expulsión.
"El argumento presentado por el Secretario de Estado de que Ruanda proporciona asilo seguro es irracional", dijo Raza Hussain a The Guardoian, abogado en funciones de Care4Calais, Detention Action y el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), que representa a los funcionarios públicos en el Ministerio del Interior de Gran Bretaña.
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