La investigación por los presuntos intentos del ahora ex presidente Jair Bolsonaro de atentar contra la democracia avanzan en Brasil. La voz cantante, en este caso, está en Mauro Cid, ex edecán y mano derecha de Bolsonaro, quien tras hacer un acuerdo con la Justicia para su libertad condicional comenzó a declarar ante la Policía Federal. Allí, reconoció que Bolsonaro presentó a los jefes de las Fuerzas Armadas un plan de golpe de Estado para no reconocer la victoria en las elecciones de octubre de 2022, que llevaron a Luiz Inácio Lula da Silva al Planalto. Sin embargo, dijo, esa estrategia sólo habría sido apoyada por la comandancia de la Marina.
La revelación fue en el marco del acuerdo de delación premiada de Cid, con el cual logró la libertad tras haber sido detenido el 3 de mayo por fraguar la libreta de vacunación de Covid-19 de Bolsonaro y su familia para poder ingresar a Estados Unidos. Pero no sólo eso, en el marco de esa investigación, se encontró en su celular la trama golpista.
Según reveló el sitio de noticias UOL, que accedió a parte del testimonio, Cid contó que el entonces jefe del Estado presentó un plan golpista a las Fuerzas Armadas, que fue llevado por el asesor especial en asuntos internacionales de la presidencia brasileña, Filipe Martins.
Martins es un referente de la extrema derecha reaccionaria, reconocido por reproducir el gesto de los supremacistas blancos de Estados Unidos en medio de una sesión del Senado. Trabajó en 2014 como consultor político de la embajada de Estados Unidos en Brasil y fue el responsable de presentar personalmente a Bolsonaro con el entonces asesor del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Bannon, considerado uno de los ideólogos de las nuevas extremas derechas.
Martins, siendo asesor de Bolsonaro, fue investigado por tener nexos con grupos segregacionistas blancos de Estados Unidos.
El plan de Bolsonaro
Según UOL, Bolsonaro consultó con un abogado constitucionalista llevado por Martins al Palacio de la Alvorada -residencia presidencial- antes de presentarles a los jefes de las Fuerzas Armadas un documento llamado "Borrador del golpe", que encontraba en el artículo 142 de la Constitución un motivo para que los militares detuvieran a los jueces del tribunal electoral y de la Suprema Corte. Ese plan supuestamente iba a anular las elecciones de segunda vuelta del 30 de octubre en las que Lula se impuso a Bolsonaro con 50,9% a 49,1% de los votos.
Según Cid, Bolsonaro recibió luz verde al plan de parte de apenas uno de los jefes militares. Se trata del entonces titular de la Marina, almirante Almir Garnier, un confeso bolsonarista -algo ilegal para la carrera militar- que se negó a transmitir su cargo al sucesor designado por Lula.
La pregunta de los investigadores es si Cid intentó encubrir al Ejército, la fuerza a la que pertenecen él y a su padre, un general retirado involucrado en la venta de joyas de la presidencia de la República para pasarle el dinero en mano a Bolsonaro en Estados Unidos durante enero, febrero y marzo pasados. Bolsonaro dejó Brasil el 30 de diciembre, dos días antes de entregar el cargo a Lula, y se instaló tres meses en la casa de un empresario en el estado Florida, lapso en el cual Cid y su padre vendieron en casas de empeño joyas regaladas a Brasil por Arabia Saudita y Bahrein supuestamente para entregar el dinero al líder ultraderechista brasileño.
Bolsonaro ante la Justicia
Bolsonaro declaró cinco veces ante la Policía Federal por esos actos y negó la participación en planes para no reconocer las elecciones, en una gran investigación que lleva adelante el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil.
El nuevo elemento revelado por UOL y el diario O Globo indica que la delación premiada de Cid apunta ahora directamente a Bolsonaro consultando, durante la transición entre las elecciones ganadas por Lula y el fin del mandato, como desconocer a la justicia electoral. En ese marco ingresan varios elementos como el bloqueo de autopistas y rutas por parte de ruralistas y empresarios del agronegocio en todo el país al día siguiente de la segunda vuelta y el acampe de ultraderechistas en la puerta de los cuarteles pidiendo un golpe militar al Ejército, en las semanas siguientes.
El Ejército nunca quitó a esos manifestantes de las veredas de sus cuarteles, sobre todo porque allí participaban activamente familiares de generales retirados. En tanto, se sabe que del campamento de Brasilia partieron los grupos de golpistas que el 8 de enero asaltaron las sedes de los tres poderes públicos pidiendo un golpe de Estado y que comenzaron a ser juzgados y condenados la semana pasada. El ex edecán decidió firmar un acuerdo de delación premiada para lograr la libertad pero si los datos que presenta son falsos o no se pueden comprobar regresará a la prisión.
Desde que dejó el poder, Bolsonaro sufrió un serie de reveses judiciales e incluso, por diseminar ante potencias extranjeras un plan conspirador sobre un fraude electoral que nunca existió, fue inhabilitado a participar de elecciones hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral.
La delación premiada supuestamente se conecta con el 8 de enero, sobre todo porque el borrador del plan de golpe para desconocer las elecciones fue confiscada en la casa de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y es el acusado más importante por el intento de golpe.
Torres era en ese momento el secretario de Seguridad de Brasilia y encargado de proteger los edificios públicos con la policía local de la capital federal. Está acusado de haber ordenado a los jefes policiales la liberación de la la zona del Palacio del Planalto (casa de gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal para permitir el asalto perpetrado por los bolsonaristas.
Con información de Télam
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