Legisladores y legisladoras de Argentina y Brasil del Parlamento del Mercosur enviaron una nota a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para solicitar “información fidedigna” sobre la situación unos 65 brasileños condenados e investigados por el intento de golpe de Estado en el país vecino que se fugaron y solicitaron refugio político en Buenos Aires. Mientras se espera el pedido de extradición por parte de las autoridades brasileñas, el parlamentario de Unión por la Patria (UP) Gabriel Fuks manifestó que su preocupación es “que esto haya tenido algún tipo de coordinación local”. En tanto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) repudió amenazas hacia periodistas y corresponsales internacionales que sufrieron amenazas por la investigación que llevan sobre el tema.
“Entendemos que usted contará con las herramientas para poder esclarecer esta situación que ha tomado estado público”, escribieron las y los parlamentarios del Mercosur en una nota dirigida el pasado 11 de junio, pero que se conoció este viernes. En ese sentido, las y los legisladores Fuks, Franco Metaza, Victoria Donda (UP) y Humberto Costa (senador y legislador del Parlasur - Partido de los Trabajadores-Brasil), solicitaron al Ministerio de Seguridad “información certera para saber si efectivamente existen registros del ingreso o de la presencia de imputados de nacionalidad brasileña en la República Argentina”.
Por su parte, en un comunicado difundido por las y los legisladores, Fuks señaló que su preocupación sobre la posibilidad de una coordinación local se basa en “las declaraciones de Eduardo Bolsonaro y su presencia en la Argentina". El diputado nacional, hijo del expresidente Jair Bolsonaro también investigado por el intento de golpe, estuvo en el Congreso argentino y junto a otros cuatro colegas pidió ayuda para que Argentina conceda a los fugitivos asilo político y refugio. Además, denunció “censura” y “persecución” del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y, sobre todo, de la Justicia.
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La misiva va en la misma línea que la entregada por el embajador brasileño en Argentina, Julio Bitelli, ante las autoridades locales con una nómina de 143 personas, en función de un oficio del Supremo Tribunal Federal (STF) que lleva a cabo la investigación de la causa Lesa Patria, por el intento de golpe contra la gestión petista el 8 de enero de 2023.
Sin embargo, por el momento, no hubo respuestas oficiales para las autoridades brasileñas por parte del Ejecutivo a cargo de Javier Milei: Bullrich dijo no haber recibido ninguna lista y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a señalar que, en caso de pedido de extradición, “se verá en cada caso” y que la decisión estará a cargo de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), bajo la órbita del ex Ministerio del Interior.
En tanto, como se contó en esta nota, fuentes cercanas a Milei dijeron ante la CNN Brasil se habían manifestado en el mismo sentido que Adorni, sólo que aclararon que “están al tanto de la situación”.
La huida de los militantes bolsonaristas se conoció a través de una investigación realizada por el portal brasileño UOL que, incluso, entrevistó a dos de ellos a cara destapada en la Plaza de Mayo.
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Pedido de extradición
El pedido de extradición será coordinado por la Policía Federal, el STF y la Cancillería brasileñas y se espera que se concrete en los próximos días. En conferencia de prensa, esta semana, el director de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Policía Federal, Ricardo Saadi, contó que lograron realizar un mapeo sobre 180 fugitivos de la justicia vinculados a la causa Lesa Patria.
A partir de la activación de Ameripol, un organismo de cooperación de las policías de 30 países del continente, pudieron mapear hacia a dónde viajaron. Los destinos, en general, apuntaron fueron Argentina, Uruguay y Paraguay. Algunos, en tanto, tras romper las tobilleras con las que eran vigilados, se refugiaron en ciudades dentro del territorio brasileño. Pese a que la Conare es la responsable de otorgar o no refugio, se sabe del lineamiento del Gobierno de Milei con los Bolsonaro y su enfrentamiento con el actual presidente brasileños. Además, muchos de los que se encuentran en el país ya hicieron su solicitud, lo que impediría poner en práctica la extradición. En caso de que sea rechazada, sí podrían ser detenidos.
Amenazas a periodistas
El Sipreba y la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) difundió una nota en la que repudió y rechazó “amenazas, violencia verbal y persecución en las redes sociales” contra periodistas brasileños y corresponsales internacionales en Buenos Aires. “Es inaceptable y alarmante que un profesional de la prensa sea blanco de ataques verbales, amenazas a su integridad física y persecución mientras realiza su trabajo de informar a la sociedad. La agresión a un periodista representa un ataque directo a la libertad de prensa, uno de los pilares fundamentales de la democracia”, denunciaron. Además, pidieron una investigación rigurosa por parte de las autoridades competentes. “Es fundamental que el Estado asegure un entorno seguro y favorable para el libre ejercicio de la prensa, garantizando la protección de los periodistas y el respeto a la libertad de expresión”, manifestaron.
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