La autoridades policiales de Brasil han terminado este lunes de levantar definitivamente el último reducto del campamento levantado hace poco más de dos meses por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a la puertas del cuartel general del Ejército en Brasilia, con la última detención de 1.200 insurrectos. Agentes de la Policía Militar de Brasilia y de la Fuerza Nacional de Seguridad han acudido a las 7.00 horas (hora local) de este lunes para advertir a los últimos que persistían en permanecer en el campamento donde se gestó el intento de golpe de Estado, con el asalto al palacio de Planalto, el Congreso y la sede del Tribunal Superior Federal (TSF) de que disponían de una hora para dejar el lugar.
Asimismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, publicó un documento con la firma de los presidentes del TSF y las dos cámaras del Congreso en la cual repudian el accionar de los seguidores de Bolsonaro, quien huyó del país sudamericano dos días antes de la ceremonia de traspaso de mando. El documento, que lleva la firma del propio Lula, el titular de la cámara de Diputados, Arthur Lira, del Senado, Veneziano Vital Do Rego, y el TSF, Rosa Weber, repudia el accionar de los "terroristas, criminales y golpistas" que asaltaron los tres poderes de la república este domingo.
"Estamos unidos para que las medidas institucionales sean tomadas en los términos de la ley brasileña", reza el documento.
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Desalojo y 1200 detenidos
La desocupación ha tenido lugar sin enfrentamientos, aunque se han registrado algunas detenciones, una vez la mayoría de quienes habían estado acampados optaron por salir antes del último aviso de las autoridades lideradas por los ministros de Defensa, José Múcio, y de la Casa Civil, Rui Costa, cuentan medios brasileños reportados por agencia Europa Press.
El Gobierno de Brasilia ha fletado cerca de cuarenta autobuses para sacar a unos 1.200 rezagados que permanecían todavía en el campamento y ser trasladados a dependencias de la Policía Federal, donde serán interrogados.
A lo largo de la mañana de este lunes, los agentes iniciaron el desmantelamiento de un campamento después de que en la noche del domingo el Ejército no permitiera la entrada de la Policía. Según fuentes del Gobierno a las que tuvo acceso el diario 'O Globo' la negativa podría estar motivada porque muchos de los acampados eran familiares y conocidos de los militares.
Lula, los presidentes del Senado, Diputados y el TSF definieron a los militantes bolsonaristas como "terroristas, criminales y golpistas"
En respuesta, el juez del Supremo Alexandre de Moraes, uno de los objetivos de los radicales, ordenó el desmantelamiento del campamento y el cese temporal del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, después de los actos antidemocráticos que se produjeron el domingo, con el asalto de las sedes de los tres poderes. De Moraes había dado 24 horas para desalojar todos los campamentos golpistas ubicados en las inmediaciones de los cuarteles generales del Ejército.
En sustitución de Rocha, será la vicegobernadora Celina Leão quien asumirá el liderazgo de la capital, sobre la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó la intervención federal para asumir la competencias de seguridad.
Desplazamiento del gobernador de Brasilia y ultimátum a golpistas
En una nueva orden judicial, Moraes ha expresado que "nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución", informó Europa Press.
Moraes ha alertado, además, de que los comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa serán llevados ante la Justicia en caso de que estos campamentos sigan existiendo. Además, ha puntualizado que las principales autovías de país, parcialmente ocupadas por la turba de seguidores, deben ser desbloqueadas a lo largo del día, según informaciones de la cadena de televisión G1.
El juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes, además, apartó durante 90 días al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por haber sido presuntamente conocedor del intento de golpe de Estado a las instituciones por parte de los fanáticos del derrotado ex presidente Jair Bolsonaro, de quien Rocha es un aliado. Anteriormente, Lula había decretado la intervención del distrito federal en el área de seguridad, por los claros indicios de complicidad de las fuerzas policiales locales con los extremistas.
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