La Cancillería Argentina cruzó al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, porque no comparte sus explicaciones en su decisión de no prorrogar el mandato del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, concluido a mediados de agosto.
"Al hacerlo, el Secretario General desconoce la propuesta realizada por el pleno de la Comisión el 8 y 9 de enero del corriente año, conforme el Artículo 21 del Estatuto de la CIDH y el Artículo 11 inc. 3 del Reglamento de la Comisión", advirtió el comunicado. El gobierno argentino argumentó que "el Estatuto de la CIDH prevé mecanismos para la separación del Secretario Ejecutivo, siempre en consulta con la Comisión e informando los motivos que fundamenten dicha decisión". Y en relación a esto, sumó: "Queda claro que, de comprobarse algunas de las irregularidades aducidas, deberán tomarse las acciones pertinentes. No corresponde, entonces, que el Secretario General se atribuya potestades de proceder sin las consultas previstas con la CIDH".
Y lo cruzó duro a Almagro al señalar que "resulta lamentable que el Secretario General insista en basar sus acciones en sus propias afirmaciones, en este caso con referencias generales a un informe de acceso restringido". Asimismo, marcaron que "ello denota falta de transparencia y de compromiso de diálogo con la Comisión sobre situaciones que están previstas para su tratamiento por la normativa propia de la Organización".
Repudio al golpe en Bolivia
Por otra parte, Argentina respaldó el informe de la ONU sobre violaciones de DDHH en Bolivia. El Informe fue realizado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, tras el golpe de Estado que derrocó al exmandatario Evo Morales.
"El Gobierno argentino defiende firmemente la democracia en toda América Latina y, en este sentido, resalta la importancia del Informe publicado el 24 de agosto de 2020 por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos, tras el golpe de estado luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia", expresó la Cancillería, en un comunicado.
En dicho informe se registran, "en particular a partir del 10 de noviembre, episodios violentos, como incendios, saqueos de bienes privados y públicos", en cuyo contexto la Oficina de la Alta Comisionada documentó "diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión", en un escenario de protestas "mayoritariamente pacíficas", en que la policía no cumplió con su deber de protección".
En este sentido, el Gobierno argentino "insta a las autoridades del Estado a seguir las recomendaciones formuladas por la Alta Representante y exhorta a todos los actores políticos, gubernamentales y sociales en Bolivia a comprometerse en el proceso electoral del 18 de octubre próximo", concluye.
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