En medio de un clima de creciente tensión y expectativa por el inicio del principal juicio por las responsabilidades del golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz resolvió dejar sin efecto la apertura del proceso judicial que decidió un juez suplente el mes pasado, como lo había pedido las defensas de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y los otros ocho imputados.
"El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime, dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio de fecha 18 de enero de 2022", anunció el presidente del órgano Germán Ramos, luego de casi tres horas de debate.
Tanto el gobierno de Luis Arce, la Procuraduría, el Senado y el Ministerio Público dejaron en claro que no están de acuerdo con la decisión del tribunal y le exigieron que se fije una nueva fecha de inicio del juicio lo antes posible para que no se dilate el proceso que enfrentan Áñez y ocho ex jefes militares y policiales por delitos contra la Constitución.
"El gobierno nacional respeta la decisión que ha tomado hoy la Justicia boliviana, inclusive sin tomar en cuenta los argumentos que habíamos llevado nosotros. Ese espíritu de respeto a la Constitución también debe cuidar la salud y la atención de este caso, en términos de que no se obstaculice el mismo", aseguró a la prensa el ministro de Justicia Iván Lima.
El masismo de Arce y de Morales quiere avanzar con el juicio no solo por el valor simbólico y político que tendría para el oficialismo una primera condena judicial al quiebre del orden constitucional -algo inédito no solo en Bolivia, sino también en buena parte de la región-, sino también por la presión mediática e internacional que Áñez ha sabido lograr alrededor de las condiciones de su detención preventiva.
Los últimos capítulos de esa saga incluyeron una carta de 21 ex presidentes de la región y España -entre ellos Mauricio Macri- que alertó sobre posibles "abusos de poder" de las autoridades bolivianas contra Áñez, el inicio de la huelga de hambre de Áñez ayer y dos pequeñas manifestaciones -una a favor de la ex jefa de gobierno de facto y otra afín al oficialismo- hoy durante el al breve y fallido inicio del juicio en el centro de la capital.
La defensa de Áñez también aprovechó el breve y fallido inicio del juicio para cuestionar que el proceso sea virtual y entre los argumentos destacaron que las restricciones se han flexibilizado mucho en el país e, incluso, todo está en marcha este año para celebrar Carnaval en las calles.
“Lamentablemente no se puede escuchar la presente audiencia cuando su autoridad toma la palabra o algunas de partes, se escucha de forma interrumpida, hay sonidos, hay interferencias y eso está interfiriendo en el desarrollo de la audiencia. Vamos a solicitar que se considere que este juicio sea presencial, efectivamente no podemos hacer que está audiencia se lleve a cabo mediante la virtualidad, toda vez que su autoridad no nos está escuchando”, agregó el abogado de Áñez, Luis Guillen.
Áñez, de 54 años, se encuentra en prisión preventiva desde hace 11 meses y ayer se declaró en huelga de hambre para protestar por considerar que se trata de un proceso injusto, no solo por la acusación, sino también por su arresto, confirmado nuevamente ayer mismo.
En este mismo proceso también están procesados ocho ex militares y ex policías: el ex comandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman (prófugo), el ex comandante de la Policía Yuri Calderón (prófugo) y los exj efes militares Flavio Arce (detenido), Carlos Orellana (prófugo), Jorge Fernández (prófugo), Jorge Terceros (detenido), Jorge Mendieta (detenido) y Palmiro Jarjury (detenido), informó el portal de noticias Plurinacional.
En octubre de 2019, el recuento lento y muy parejo de los resultados presidenciales terminó de detonar una crisis política en Bolivia que rápidamente se convirtió en una situación de vida y muerte para muchos dirigentes y simpatizantes del entonces oficialismo liderado por Morales. Las protestas contra lo que la oposición calificaba por anticipado como un fraude crecieron en solo unos días y, cuando el gobierno anunció su victoria, ninguno de sus rivales la aceptó.
La movilización popular se volvió cada vez más grande y, cuando se tornó violenta, se hizo evidente que la Policía estaba acuartelada. Miembros del gobierno de Morales, autoridades de la Asamblea Legislativa y líderes de los ejecutivos regionales y municipales aliados denunciaron que ellos y sus familiares sufrieron ataques, sus casas fueron quemadas e, incluso, algunos dijeron haber sufrido secuestrados.
En el pico de esta tensión y tras el llamado público de la cúpula militar a que el gobierno renuncie, Morales presentó su dimisión. Lo mismo tuvieron que hacer muchas de las autoridades del Poder Legislativo del oficialismo. Pese a ello, Áñez, por entonces senadora, se proclamó presidenta interina en una sesión sin quórum y que hoy está en el centro del juicio que quedó en suspenso.
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