Con un decreto del papa Francisco, el Vaticano dispuso este lunes una nueva legislación de compras con eje en "transparencia, centralización y competencia", por la que dejará de comprar "bienes, servicios, obras y trabajos" a empresas y personas que tengan su sede en paraísos fiscales o que tengan accionistas residentes en esos Estados.
La legislación explicita que serán excluidos de las compras los proveedores "residentes o establecidos en Estados o territorios con regímenes fiscales preferenciales según lo dispuesto por las instituciones internacionales, de acuerdo a lo definido por la secretaría para la Economía, o si tienen participación directa o indirecta de sujetos residentes o establecido en los Estados o territorios antes mencionados".
A través de casi 100 artículos, la legislación se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y sustituye y reemplaza a todas las normas sobre la materia vigentes en modo disperso entre la Administración Patrimonial de la Sede Apostólica (APSA) y la Gobernación del Vaticano, y será válida para todos los entes de la Santa Sede. El fin de la nueva norma es el uso sostenible de los fondos internos, así como la transparencia de los procesos de adjudicación, según plantea el artículo 1.
Según la Unión Europea, entre los países considerados paraísos fiscales se encuentran Panamá, las Islas Vírgenes, Islas Caimán, Seychelles, Trinidad y Tobago, entre otros.
El artículo 5 de la nueva ley plantea la búsqueda de la "eticidad en el orientamiento de las elecciones económicas y de los interlocutores sobre parámetros de respeto de la Doctrina Social de la Iglesia".
El texto hace hincapié también en la importancia de evitar "conflictos de intereses", para lo que se adoptarán medidas para "evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la paridad de tratamiento a todos los operadores económicos" oferentes de bienes y servicios a la Santa Sede.
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