El jueves 20 de abril, el grupo centrista Liot, que ya había iniciado una moción de censura transversal contra el Gobierno de Macron -que fracasó por solo 9 votos-, presentó un proyecto de ley para derogar el artículo 7 de la reforma de las pensiones, que retrasa la edad legal de jubilación a los 64 años, y para organizar "una conferencia de financiación que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones". Si la oposición logra sortear todas las barreras que Macron y sus aliados vienen levantando, el proyecto será tratado el próximo 8 de junio en la Asamblea Nacional.
"Que la ley se haya promulgado no implica ni su validación política ni su aceptación social. Consideramos que no hemos sido capaces de completar el 'proceso democrático'", escriben los diputados de Liot en el texto presentado a la Asamblea Nacional, según el diario JDD. "La injusticia social está en el corazón de la reforma de las pensiones y por eso su rechazo es masivo: es esta injusticia la que debemos atacar", prosiguen, afirmando que para "encontrar una salida favorable a la crisis", sólo cabe contemplar “la derogación del aplazamiento de la edad legal de jubilación a los 64 años y la organización de una concertación, con los interlocutores sociales, sobre la financiación de las pensiones”.
La primera barrera contra este proyecto de ley fue sorteada. El martes 30 de mayo, el presidente de la Comisión de Finanzas, Eric Coquerel, miembro de la La Francia Insumisa, aprobó el proyecto de ley del grupo Liot para retrasar la edad de jubilación a los 64 años.
El texto fue discutido luego el 31 de mayo por parte de la Comisión de Asuntos Sociales, compuesta por 73 parlamentarios: con 38 votos a favor de la supresión, 34 en contra y una abstención, la comisión rechazó el proyecto de ley que sólo necesitaría una mayoría simple para ser aprobada, a diferencia de la moción de censura, que requiere mayoría absoluta.
De aquí al 8 de junio, gobierno y oposición apelarán a toda clase de argucias reglamentarias: el gobierno para impedir que se presente el proyecto a votación y la oposición utilizando todos los recursos parlamentarios para anular la reforma de pensiones, incluso proponiendo una nueva moción de censura.
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Una vez más, el destino de la reforma de las pensiones promulgada el 14 de abril estará en manos del grupo republicano de la Asamblea. Durante la votación de la moción de censura, 19 diputados de LR (de un total de 61) emitieron un voto de censura contra el gobierno.
Es por esta razón que Macron y su ministro del Interior intentan desesperadamente mostrar su adhesión a ciertas propuestas reaccionarias provenientes de Los Republicanos, sobre todo respecto del proyecto de ley sobre los inmigrantes previsto para ser votado antes de fin de año.
Un giro más a la derecha
Gérald Darmanin, el ministro del interior analiza integrar las propuestas de la derecha en el proyecto de ley sobre la inmigración, entre ellas, incluir en la Constitución la posibilidad de derogar los tratados y la legislación europea en materia de inmigración, suprimir la ayuda médica del Estado y excluir del texto actual del gobierno la regularización de los trabajadores sin papeles en profesiones donde falta personal. Las exigencias altamente represivas de los diputados de Los Republicanos, indispensables para la adopción del texto, hacen temer a las asociaciones que de aprobarse esta ley se convierta en una de las más duras jamás aprobadas bajo la Va. República.
Jean-Albert Guidou, miembro de la CGT que acompaña a los trabajadores sin papeles, explica: "Es una visión muy aterradora de nuestra sociedad ir de la mano de la derecha o de la extrema derecha, considerar que un extranjero en situación irregular no tiene ninguna posibilidad de recibir tratamiento médico en Francia.”
Esta “negociación” se da en el marco de una serie de ataques de la extrema derecha contra alcaldes que aceptan abrir centros de recepción de refugiados en sus comunas. El mas emblemático es el caso del alcalde Yannick Morez de la ciudad de Saint-Brévin-les-Pins en la región de Bretaña.
El 22 de marzo, luego de tres meses de amenazas de muerte y de manifestaciones de la extrema derecha en su municipio, (desde el RN de Le Pen hasta grupos neofascistas), tras aprobar la instalación de un centro de acogida de solicitantes de asilo político, se despertó al amanecer por el incendio de sus dos coches, provocado por el lanzamiento de un cóctel molotov. Las llamas alcanzaron las paredes de su casa. El miércoles 10 de mayo anunció su dimisión y el abandono de esta ciudad donde vivía desde hacía treinta y dos años.
El 9 de mayo, la asociación Viltaïs, que gestiona los CADA (Centros de acogida para solicitantes de asilo) y defiende los proyectos impugnados de Beyssenac (Corrèze) y Bélâbre (Indre), reunió a una decena de alcaldes para ayudarles a "prepararse para los ataques de la extrema derecha, o cómo conseguir que el Estado esté más presente junto a los intendentes y operadores", informa su directora general, Juliette Lucot. La directora general de France terre d'asile, Delphine Rouilleault, considera que "el gobierno deja a los prefectos reaccionar [frente a] una organización política que pretende crear el terror para impedir los centros de acogida.”
Tres días antes, cientos de manifestantes de ultraderecha, enmascarados y vestidos de negro con banderas con cruces celtas, desfilaron el sábado 6 de mayo por las calles de París, con total impunidad, lo que suscitó una reacción casi unánime del arco político francés. Según la Prefectura de Policía de París, “no había motivo para prohibir la manifestación, ya que nunca causó desórdenes ni alteraciones del orden público”. Marine Le Pen intentó desmarcarse de esa manifestación a pesar que dos hombres muy cercanos a su partido estaban presentes.
Ante las protestas por su gestión de la manifestación neofascista del 6 de mayo, el viernes 12 de mayo el prefecto de policía de París prohibió cuatro desfiles neofascistas y una conferencia previstos para el fin de semana, alegando que podían provocar "desórdenes públicos".
Huelgas y movilizaciones el 6 de junio
Dos días antes de que se debata en la Asamblea Nacional el proyecto de ley del grupo LIOT para derogar la reforma de las pensiones, el martes 6 de junio habrá una nueva jornada de movilización convocada por la Intersindical, sindicatos estudiantiles y partidos de izquierda para luchar contra la jubilación a los 64 años y la política autoritaria de Macron.
El martes 30 de mayo, trece organizaciones de trabajadores y de la juventud emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaban su hostilidad a la reforma de las pensiones, que dará lugar a una decimocuarta jornada nacional de acción contra el texto aprobado por decreto.
Esta nueva demostración de fuerza tendrá un enfoque diferente al de las anteriores: irá más allá de las reivindicaciones habituales - el abandono del aumento de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años - y buscará "conquistar el progreso social", que la intersindical ha intentado definir, no sin dificultad. Entre estas reivindicaciones se pide el aumento de salarios, de las jubilaciones y de las becas para estudiantes; igualdad de salarios entre mujeres y hombres; mejorar los derechos de expresión sindical; re-introducir todos los criterios de trabajo penoso suprimidos en 2017 para permitir una verdadera jubilación anticipada, etc.
Los sindicatos salen airosos de esta batalla que aun no ha terminado. El éxito de la gigantesca movilización del 1° de mayo en Paris y en toda Francia fue producto de la unidad construida en la lucha contra la reforma de Macron. Esta primavera para los sindicatos contrasta con el estado crepuscular del Gobierno, que sigue pagando un alto precio por utilizar el 49,3 para sacar adelante una reforma muy impopular.
Bloqueada en el Parlamento por la ausencia de mayoría absoluta, con su horizonte constreñido por los "cien días" fijados por Emmanuel Macron, la primera ministra, Elisabeth Borne, necesita apoyarse absolutamente en los sindicatos para tratar de poner en marcha el país, responder a las demandas de poder adquisitivo y condiciones laborales y tratar así de reducir el resentimiento social. Resentimiento que persiste y se manifiesta en lugares impensados como en el festival de Cannes, donde la directora Justine Triet, la tercera mujer que gana la Palma de Oro por su película “Anatomia de una caída” pronunció un discurso combativo que electrizó la sala y los millones de espectadores que seguían el evento:
"Este año, el país ha sido presa de una protesta histórica, extremadamente poderosa y unánime contra la reforma de las pensiones", dijo, mientras estallaban los aplausos entre el público. "Esta protesta fue negada y reprimida de forma escandalosa", y para Justine Triet "este modelo de poder dominador, cada vez más desinhibido, ha irrumpido en varios ámbitos". En primer lugar, en lo social - "ahí es donde resulta más chocante", dice-, pero también "en cualquier otro ámbito de la sociedad, y el cine no es una excepción". Y acusó al "gobierno neoliberal" de Emmanuel Macron de defender "la mercantilización de la cultura" a costa de "la excepción cultural francesa. La misma excepción cultural sin la cual yo no estaría hoy aquí ante ustedes"
El presidente Macron, - que prefiere atacar a la izquierda, especialmente a Jean Luc Mélenchon como principal problema, acusándolo de “terrorista intelectual” via su ministro del Interior -, criticó duramente un comentario de su primera ministra sobre el vínculo entre la extrema derecha y el petainismo (en relación al Mariscal Pétain, colaboracionista con los nazis), diciendo que a Le Pen no hay que combatirla con “cuestiones morales”.
Emmanuel Macron, empeñado en banalizar al partido de Le Pen, pretende ser el único en encontrar una salida a la crisis, lanzando cada vez más dardos envenenados a Élisabeth Borne, cuyos días en Matignon parecen contados.
Los próximos días del 6 y 8 de junio serán una nueva etapa de esta gran batalla entre el neoliberalismo represivo y las fuerzas políticas y sindicales que bregan por una verdadera democracia popular, ecologista y social.
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