Luego de varios meses de negociaciones y tras quedar en segundo lugar en las elecciones legislativas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un nuevo gobierno sin presencia de la coalición de izquiera y fuerza más votada (Nuevo Frente Popular) y radicalizó su giro a la derecha. El sábado el primer ministro francés, Michel Barnier, presentó a Macron un gabinete que no responde a lo que dijeron las urnas en julio. Lejos de responder a las expectativas populares de aumento de salarios, poder adquisitivo o transición ecológica, el nuevo gobierno promete ser de corte thatcherista, con austeridad económica y destrucción del Estado de Bienestar, combinadas con conservadurismo y represión de las minorías. Para ello, construyó alianzas con Les Républicains, la derecha radical francesa.
Las minorías como enemigo público n°1
El nombramiento que más indignación ha causado en la izquierda es el de Bruno Retailleau como Ministro del Interior. Líder de Les Républicains en el Senado, ha estado a la vanguardia de la radicalización del antiguo partido gaullista. Conservador desde siempre, su acercamiento a la extrema derecha es hoy difícil de negar. Utiliza sin reparos su lenguaje: "Franceses de papel", "salvajización de la sociedad" o "descivilización". Sus ataques están dirigidos principalmente a las minorías étnicas árabes y negras que viven en los barrios populares. Incluso llegó a decir que "la colonización también tuvo momentos hermosos" en una entrevista con Sud Radio.
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En su aparición en el noticiero nocturno de TF1, las medidas que sugiere para Francia no tienen nada que envidiarle a la Italia de Meloni. La eliminación de la Ayuda Médica del Estado para inmigrantes, el refuerzo de las fronteras y la expulsión de migrantes están en su agenda. Retailleau también se muestra favorable a la instauración de una presunción de legítima defensa en favor de las fuerzas de seguridad, una propuesta casi provocativa en un momento en el que la izquierda denuncia las violencias policiales, tanto en manifestaciones como en la vida cotidiana de los barrios populares. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) declaró el año pasado que era hora de que Francia abordara los "profundos problemas" de racismo y discriminación en la policía.
También surge la cuestión de la gestión de Nueva Caledonia. Este territorio francés de ultramar, aún inscrito en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, ha sido sacudido por numerosas revueltas desde mayo pasado. El pueblo Kanak (nativo de la isla) reclama su derecho a la autodeterminación y la reanudación de las discusiones sobre su plena soberanía. La respuesta de Macron fue enviar miles de policías y gendarmes. La situación no ha hecho más que empeorar desde entonces. El toque de queda se ha endurecido y se ha promulgado una prohibición de reuniones en las grandes ciudades. Dos Kanaks fueron asesinados por las fuerzas del orden en Saint Louis el pasado 19 de septiembre, elevando el saldo a 13 muertos desde el inicio de los disturbios. El diputado independentista, Emmanuel Tjibaou dijo a Blast: "La única voz que escuchamos del Estado es una voz de represión [...] sentimos que en nuestro país nos consideran como víctimas eternas de un sistema que siempre nos dará la razón porque reclamamos nuestros derechos". Y agregó: "En tres meses, las iniciativas del gobierno de Macron han saboteado completamente la posibilidad de continuar con los acuerdos políticos de descolonización". Con Retailleau en el Ministerio del Interior, la perspectiva de una pacificación parece más que comprometida.
Además de la cuestión de las minorías étnicas, la conformación del nuevo Gobierno anticipa posibles retrocesos en los derechos de las mujeres y de las personas LGBT. Varios ministros fueron parte del movimietno que se oposuo a la legalización del matrimonio homosexual en 2012. De hecho, entre los miembros del gobierno se encuentran figuras como Laurence Garnier, que votó en 2021 contra la prohibición de las terapias de conversión, Annie Genevard, que se opuso a la constitucionalización del aborto, y Patrick Hetzel, que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. Es más, el propio Primer Ministro votó en 1981 contra la despenalización de la homosexualidad. En un comunicado reciente, la Asociación de Familias Homoparentales denunció que el nuevo Gobierno "incita y provoca al ofio anti-LGBT".
En 2017, tras su elección, Macron anunció que "haría todo lo posible durante los próximos cinco años para que no haya más razones para votar por los extremos". El Gobierno que nombra siete años después parece una alianza de derechas desde el centro macronista hasta los ideales de extrema derecha. Una alianza que también llega en un momento clave para el gobierno: la próxima gran cita será el voto sobre la ley de presupuesto.
La destrucción del Estado de Bienestar
Este es el gran debate que se avecina para los parlamentarios. A principios de octubre se presentará en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Finanzas para el año 2025, pero el Ejecutivo ya está retradaso. El director de la Comisiòn de Finanzas denunció a Mediapart que la estrategia de Macron es demorar lo máximo posible la entrega del proyecto de presupuesto para que el Parlamento tenga poco tiempo para "prepararse para el examen del texto". Y agregó: "Así sería inevitable la adopción de un presupuesto que será uno de los más austeros de los últimos años".
Hasta ahora, el único apartado disponible es de gastos previsionales que prevé recortes de hasta 20% en ayuda pública al desarrollo, un 6,4% al destinado a inmigración, un 3,2% a enseñanza superior y un 7,8% a agricultura, un sector clave que el año pasado realizó una marcha de tractores que fue desactivcada después de que el Gobierno hiciera varias promesas.
Estos importantes recortes en el gasto se justifican por el temor que genera la abultada deuda francesa. Michel Barnier repite desde hace dos semanas que el estado de las finanzas del país es "muy grave". Una narrativa habitual de los neoliberales; Thatcher antes que él repetía "no hay alternativa". Sin embargo, son estas mismas políticas liberales las que han vaciado las arcas del Estado. Macron y su ex ministro de Economía han reducido impuestos a las empresas con la excusa de la "competitividad" y redujeron impuestos a los hogares más ricos. El informe de OXFAM resume el impacto de esta política fiscal a principios de 2024: "Los cuatro multimillonarios franceses más ricos y sus familias han visto aumentar su fortuna en un 87% desde 2020. Al mismo tiempo, la riqueza acumulada del 90% de los franceses ha disminuido". En una entrevista con el medio Alternatives Économiques, el economista Michel Zemmour resumió la situación de la siguiente manera: "El gobierno crea las condiciones para un déficit público y luego dramatiza para impulsar una agenda de reformas, conocidas desde el principio, que tienen como objetivo reducir el gasto público".
Para imponer la austeridad, el nuevo Gobierno ni siquiera necesitará la aprobación del parlamento. Desde 2022, el Gobierno ha tenido que recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar una ley sin votación. François Hollande (presidente de Francia de 2012 a 2017) consideraba estos métodos como "una brutalidad, una negación de la democracia". Este año, nada garantiza que el Ejecutivo no recurra nuevamente a esta disposición para sabotear aún más el Estado de bienestar.
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