El Consejo Constitucional de Francia, lo que es la Corte Suprema de Justicia de ese país, le levantó el pulgar al presidente Emmanuel Macron. Lo hizo al avalar la legalidad de elevar a 64 años la edad jubilatoria, punto principal de la reforma jubilatoria aprobada mediante decreto por el mandatario. Al dictamen se suma el rechazo al pedido de los sectores de izquierda de realizar un referendo para que la población se expida de manera formal las modificaciones para el sistema de pensiones.
Desde las organizaciones sindicales -que llevan tres meses de huelgas, protestas y manifestaciones- ya avisaron que la batalla no terminó e hicieron una convocatoria intersindical para el próximo 1º de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Con esta ley, que según el Gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, el presidente también se juega poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.
La decisión fue recibida con abucheos por parte de los manifestantes congregados en la plaza de la Alcaldía de París. Poco antes corearon: "Constitucional o no, esta ley no la queremos", "Continuaremos hasta su retirada" y "Fuera Macron", constató la agencia de noticias AFP. La institución validó el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, pese al constante rechazo desde enero de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos.
Aunque anuló partes de la reforma, como la obligación para las grandes empresas de comunicar cuántos trabajadores de más edad tienen contratados, la validación de los puntos clave de la ley es un triunfo para el Gobierno. Los denominados nueve "sabios" del Consejo Constitucional son escogidos por los presidentes de Francia y de las dos cámaras del Parlamento y su composición actual es favorable a Macron. Entre ellos se encuentran dos ex primeros ministros, el socialista Laurent Fabius y el conservador gaullista Alain Juppé. Por eso, previo al fallo, muchos franceses y analistas auguraban una decisión favorable al Gobierno.
"Si hay censura de ciertos puntos (...) pero no de los 64 años, entonces no servirá para resolver el conflicto social", había advertido más temprano el líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger. La tensión sigue presente en las calles: desde el 7 de marzo, cuando se manifestaron entre 1,2 y 3,5 millones de personas, según las autoridades y la Confederación General del Trabajo (CGT), respectivamente, las marchas son menos numerosas, pero la intensidad amenaza con remontar.
De hecho, este viernes, se dieron de nuevo bloqueos en los accesos a Ruán (noroeste) y en una plataforma de alimentos en Estrasburgo (noreste). Los sindicatos ya habían avisado de que, independientemente de la decisión, el conflicto social no se terminaría.
"La lucha continúa", dijo el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon. "El destino político de la reforma de las pensiones no está sellado", aseguró por su parte la ultraderechista Marine Le Pen, que ya se comprometió a dar de baja la reforma en caso de ser presidenta.
El conflicto sigue vigente
Unas horas antes de conocerse la decisión, Macron propuso a los sindicatos franceses una reunión el próximo martes, indicó la presidencia, como "el inicio de un ciclo (...) que continuará las próximas semanas".
El mandatario está acusado de haber creado una "crisis democrática" al decidir el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta desde junio. "Mantener el rumbo, ese es mi lema", dijo hoy durante una visita de las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame en París. A él le respondieron la intersindical con un comunicado en el que avisaron que la batalla no terminó.
"Las escasas ambiciones que contenía sobre el empleo de las personas mayores, el derecho a la información, la dificultad para los trabajadores con contrato de servicio público... han desaparecido del texto final. Si bien ya era injusto, el texto de la ley que pospone la edad legal de jubilación es ahora aún más desequilibrado", dice el comunicado y reclamaron la injusta decisión de privar a la población de expedirse en un referéndum sobre el tema.
"La intersindical toma nota de estas decisiones. Corresponde, pues, al presidente de la república hoy asumir sus responsabilidades. Ante el rechazo masivo a esta reforma, la intersindical le pide solemnemente que no se promulgue la ley, única forma de calmar el enojo que se expresa en el país. Solicita al Parlamento una nueva deliberación prevista en el artículo 10 de la Constitución sobre la base de una consulta centrada en cuestiones laborales. Sería una elección de sabiduría y apaciguamiento", le respondieron al mandatario. También, dejaron en claro que no asistirán a un encuentro mientras la reforma siga su camino.
"Apegados a un diálogo social de calidad, deciden para el 1 de mayo no aceptar reuniones con el Ejecutivo", sentenciaron y, a cambio, hicieron un llamado a todos los trabajadores, jóvenes y jubilados "a hacer del 1 de mayo de 2023 un día excepcional y popular de movilización contra la reforma previsional y por la justicia social. Una movilización intersindical tan unida por el trabajo y las pensiones es histórica en nuestro país, demuestra la importancia de tener respuestas que respondan a los desafíos sociales y ambientales.
La intersindical volverá a reunirse el lunes 17 de abril".
Con información de Télam
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