Miles de personas salieron este martes a las principales ciudades de Francia en una jornada de paro general que contó con más de 200 puntos de movilización. La convocatoria, en un principio, fue realizada por los sindicatos de las refinerías que hace semanas se encuentran en conflicto en reclamo por un alza salarial, y cuyas medidas de fuerza generaron desabastecimiento en todo el país. A ellos, se sumaron la Confederación General del Trabajo, los gremios estatales y las organizaciones estudiantiles para exigir también mejores salarios y para defender el derecho a la huelga en las refinerías intervenidas por el Gobierno de Emmanuel Macron.
"Pedimos un salario mínimo de 2.000 euros (1.970 dólares), que equivale a un aumento de 300 euros (295 dólares)", dijo en la radio RTL el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, que abogó por ajustar también el resto de sueldos a la inflación. No obstante, fue la controvertida decisión del Gobierno de obligar a trabajar al personal indispensable de refinerías en huelga la que desató esta medida de fuerza.
La jornada de paro general, que se produce tres días antes de dos semanas de vacaciones escolares, tuvo, sin embargo, un seguimiento desigual. Unas 2.200 personas marcharon en la sureña Marsella, la segunda ciudad del país, según la policía, que cifró también, 3560 manifestantes en Le Havre (norte), 2.700 en Lille (norte) y 2.200 en Lyon (centro).
La movilización más importante se registró en París, donde se produjeron algunas tensiones al final de cortejo entre las fuerzas de seguridad y un grupo de personas vestidas de negro intentó erigir barricadas y lanzó proyectiles contra los agentes, según reportó el diario Le Figaro.
"Hay que resistir. Todos los derechos están atacados. Si no hacemos nada, no logramos nada", dijo una auxiliar de enfermería de 53 años a la agencia de noticias AFP.
Otra colega, citada por el vespertino Le Monde, afirmó que solo tuvo cinco euros de aumento salarial en los últimos cinco años. La capital y su área metropolitana fueron también las principales afectadas por las perturbaciones en el servicio de transportes, aunque fueron moderadas.
Aunque todavía no hay datos globales sobre esta jornada de huelga, la CGT ya anunció una "continuación" de las protestas. Francia, la segunda economía de la Unión Europea (UE), registró en septiembre la tasa de inflación armonizada más baja de la zona euro, un 6,2% anual, por debajo de otras economías como Alemania (10,9%), Italia (9,5%) y España (9,3%), según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).
Pero el clima social es tenso. El temor a perder poder adquisitivo fue la principal preocupación de los franceses durante las últimas elecciones y el llamado a ahorrar energía para evitar cortes en invierno enrarece el ambiente.
Cuando Francia empezaba a pasar página de la pandemia, Rusia lanzó una ofensiva en Ucrania que, junto a las sanciones occidentales contra Moscú, disparó los precios de la energía y de los alimentos para hogares y empresas.
Curtido por la protesta social de los "chalecos amarillos", cuyo detonante en 2018 fue el alza del precio del combustible, el Gobierno de Macron aprobó rápidamente medidas para limitar el encarecimiento de la energía. No obstante, los sindicatos rechazaron la decisión del gobierno de obligar a trabajar al personal en huelga de TotalEnergies para paliar el desabastecimiento de combustible, que afecta desde hace días a casi un tercio de las estaciones de servicio del país.
Además del alza salarial, los huelguistas piden un mejor reparto de los beneficios obtenidos por el gigante energético -más de 10.000 millones de dólares en el primer semestre de 2022-, un reclamo que entiende más de la mitad de los franceses.
Al rechazar gravar estos "superbeneficios" a nivel nacional, Macron situó al gobierno "en el campo de la gran patronal, en total desconexión con una gran parte de los franceses que sufren la inflación cada día", según un editorial del diario Libération.
El Ejecutivo se dispone incluso a recurrir a un polémico método parlamentario, llamado 49.3, para adoptar su presupuesto de 2023 sin el voto necesario de la Cámara baja, que lo debate actualmente, según anunció el vocero del gobierno, Olivier Véran, se podría poner en marcha mañana. De esa manera, el presidente busca evitar las enmiendas adoptadas por los diputados contra la opinión de su gobierno, como un alza del impuesto a los "superdividendos".
Con este movimiento, el presidente se arriesga a reforzar su imagen de "autoritario", pese a haber prometido cambiar tras su reelección en abril, y tensar aún más el ambiente antes de la llegada de la explosiva reforma previsional a inicios de 2023, con la que pretende retrasar la edad jubilatoria de 62 a 65 años.
Con información de Télam.
Cerrar sesión