El Consejo Constitucional francés se pronunciará hoy sobre la validez de la reforma jubilatoria que el Gobierno de Emmanuel Macron sacó adelante por decreto y que desató protestas y huelgas que ya llevan tres meses en todo el país.
A las 18 (las 13 en la Argentina), los nueve "sabios" de esta institución garante de la Constitución deben comunicar además si dan el visto bueno a un pedido de referendo de la oposición para limitar la edad de jubilación a la actual de 62 años, que Macron quiere retrasar a 64 para 2030.
La líder del sindicato CGT, Sophie Binnet, urgió hoy al Constitucional a "censurar total o parcialmente" la ley e instó al mandatario francés a "aprender la lección" y a retirarla, informó la agencia de noticias AFP.
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Símbolo de la tensión reinante, las fuerzas de seguridad levantaron barreras antidisturbios ante la sede del Consejo, situada cerca del Museo del Louvre y donde se prohibieron las manifestaciones. Los miembros de la institución también están custodiados.
Su decisión no es fácil. Validar el retraso de la edad de jubilación y la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, a partir de 2027 para cobrar una jubilación completa podría, para sus detractores, alimentar la "crisis democrática" que vive Francia.
Pese al rechazo de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos, Macron decidió el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento, donde carece de mayoría absoluta desde junio.
Pero anular una ley que, según el gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las jubilaciones, sería un revés para el presidente liberal, que se juega en este pulso poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.
Los observadores consideran que la opción más probable es que el Constitucional anule disposiciones secundarias de la reforma, sin tocar las medidas clave de la ley, lo que permitiría al gobierno salir airoso de este examen crucial.
Los miembros de la institución son escogidos por los presidentes de Francia y de las dos cámaras del Parlamento y su composición actual es favorable a Macron. Entre ellos hay dos ex primeros ministros, el socialista Laurent Fabius y el derechista Alain Juppé.
En un clima de fuerte tensión y con una extrema derecha al alza en los sondeos, el Consejo podría adoptar una solución salomónica y validar el pedido de Referendo de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés), que podría reconducir la respuesta a una nueva forma de acción.
Si consigue el visto bueno, sus promotores deberán a continuación recabar en nueve meses 4,8 millones de firmas, correspondientes al 10% del censo electoral, para que la propuesta siga adelante, aunque la convocatoria de un referendo no es automática.
El presidente francés debería convocarlo únicamente si, en un plazo de seis meses tras terminar la campaña de recogida de firmas, el Parlamento no ha decidido retomar la mano de esta propuesta y someterla a la votación de ambas cámaras.
Esta última opción podría caldear aún más el ambiente, máxime cuando el referendo aparece como el último recurso para paralizar la reforma. La oposición de izquierda presentó incluso una segunda demanda de RIP en caso de que el Consejo tumbe su primer pedido.
Desde el 7 de marzo, cuando se manifestaron entre 1,2 y 3,5 millones de personas, según las autoridades y la CGT, respectivamente, las marchas son menos numerosas. Ayer fueron entre 380.000 y 1,5 millones de personas, según sendas fuentes.
Pero la intensidad se mantiene. Hoy volvió a haber bloqueos en los accesos a la ciudad septentrional de Ruan, capital de Normandía, y en una plataforma de alimentos en Estrasburgo, en la frontera con Alemania. Según una nota de los servicios de inteligencia, se esperan 131 acciones para esta noche tras la decisión del Consejo.
Francia es uno de los países europeos donde la edad de jubilación es más baja, sin que los regímenes sean completamente comparables. El gobierno asegura que su reforma busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.
Con información de Télam
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