Solo tres meses después de que asumiera el gobierno actual en Francia, la amenaza de una moción de censura (que debe ser aprobada por la mitad de los diputados de la Asamblea Nacional) ya parece inminente. Nombrado por Emmanuel Macron tras las elecciones legislativas anticipadas que él mismo había convocado, esta inestabilidad era previsible. Aunque el Nuevo Frente Popular (una alianza de izquierdas) había salido primero en las elecciones, Macron decidió girar hacia las filas de los Republicanos (derecha radical) para designar a Michel Barnier como primer ministro. Sin mayoría en la Asamblea Nacional, Barnier prometió un nuevo estilo de gobierno, buscando “alcanzar compromisos”.
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Sin embargo, a pesar de que dos tercios de los votantes en las últimas legislativas eligieron bloquear a la extrema derecha en junio pasado, fue hacia Marine Le Pen a quien Barnier se dirigió para garantizar la supervivencia del gobierno. Primero, con concesiones ideológicas, como la designación de Bruno Retailleau como ministro del Interior, un defensor acérrimo de las teorías conspirativas de extrema derecha sobre el "gran reemplazo". Luego, mediante varias promesas para evitar una posible censura, incluyendo una nueva ley de inmigración. Este apoyo tácito se hizo evidente especialmente durante los debates sobre el proyecto de ley de finanzas de 2024. La Argupación Nacional (AN), los Republicanos y el bloque presidencial votaron juntos el 12 de noviembre contra el presupuesto de ingresos, que incluía varias enmiendas de la izquierda destinadas a reducir el déficit público récord (6,1%) mediante un aumento de impuestos a las grandes fortunas. “Lamentamos que sea más conveniente dialogar con Marine Le Pen y el AN que siquiera dirigirle la palabra a la izquierda, en particular al Partido Socialista”, denunció Boris Vallaud, presidente del bloque socialista en la Asamblea Nacional. No obstante, esta alianza tambaleó durante el debate sobre el proyecto de ley de financiación de la seguridad social.
Cuando el texto, que no había sido aprobado en primera instancia y fue enviado al Senado, regresó a la Asamblea para su votación final, presentaba un enfoque de austeridad hacia el sistema de salud pública. Esto desató inmediatamente la oposición de la izquierda, que anunció su rechazo. Sin mayoría, el gobierno puso a Marine Le Pen en el rol de árbitro, capaz de decidir el destino del ejecutivo a cambio de concesiones. Y ella no dudó en aprovechar esta posición, trazando “líneas rojas” durante toda la semana que Barnier debía respetar para evitar la caída mediante una moción de censura. Presionado, el Gobierno accedió a múltiples demandas del AN: una reducción de 200 millones de euros en el presupuesto para la ayuda médica estatal a inmigrantes indocumentados y el abandono de una propuesta de recorte del 5% en los reembolsos de medicamentos. Este intento de salvarse generó tensiones incluso dentro del propio oficialismo. “No estoy de acuerdo con correr detrás del AN, no debemos estar sometidos a Marine Le Pen”, declaró Yannick Neuder, diputado de los Republicanos.
Pero para Le Pen, esto no fue suficiente. Mientras el lunes se debía votar el proyecto de ley de financiación de la seguridad social, exigió nuevas medidas para evitar la censura. Al subir al atril de la Asamblea, Michel Barnier tuvo que recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite al Gobierno imponer un texto de ley sin someterlo a votación. Una maniobra que justificó apelando a la “responsabilidad de todos”. La reacción de la izquierda fue contundente: “Frente a este enésimo atropello democrático, censuramos al gobierno”, declaró Mathilde Panot, presidenta del bloque de La France Insoumise, denunciando a un primer ministro que “intentó evitar la censura arrodillándose ante el AN; tendrá el deshonor y también la censura”. Desde la extrema derecha, Marine Le Pen también anunció su voto a favor de la moción de censura: “El señor Barnier no quiso responder al llamado de los once millones de electores del Rassemblement National. Dijo que cada uno asumiría sus responsabilidades, y asumiremos las nuestras”, afirmó al salir del recinto.
La censura, que será votada este miércoles por la tarde, cuenta teóricamente con más de 320 votos, superando con creces el umbral de 288 necesarios. A menos que haya un giro inesperado, lo cual parece poco probable, Michel Barnier y su equipo deberán abandonar Matignon. La última vez que se aprobó una moción de censura fue en 1962. De Gaulle optó por disolver la Asamblea, algo que Macron no podrá hacer en los próximos seis meses. El presidente, sin embargo, declaró que "no cree en la posibilidad de una censura". Si el Gobierno cae mañana, Francia entrará en una etapa de incertidumbre. El ala derecha del Nuevo Frente Popular podría intentar llegar a un acuerdo con los macronistas y una parte de los Republicanos para formar un “gobierno técnico”. Una propuesta rechazada por el principal partido de la alianza de izquierda (LFI), cuyo diputado Éric Coquerel instó a “golpear todos juntos sobre el mismo clavo” para exigir “un gobierno que defienda el programa del Nuevo Frente Popular”. Sin embargo, aunque son el bloque más grande de la Asamblea con 192 diputados, seguirían sin tener los números necesarios para gobernar con tranquilidad.
Este bloqueo institucional, inédito en la Quinta República, llevó a actores de distintos sectores a exigir la renuncia del Presidente. “El responsable de esta situación debe asumir sus responsabilidades. Tenemos que devolverle la palabra al pueblo (...) el presidente debe renunciar”, declaró Jean-Luc Mélenchon.
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