Familiares de las decenas de víctimas mortales de la explosión en el puerto de Beirut de 2020 se concentraron hoy en la capital del Líbano en señal de apoyo al juez Tarek Bitar, procesado ayer por insubordinación por querer seguir investigando la tragedia.
Tras una pausa de 13 meses y pese a las presiones políticas a las que estuvo sometido, el juez Bitar decidió el lunes reanudar la investigación de la explosión del 4 de agosto de 2020, que causó más de 215 muertos y arrasó barrios enteros de la capital libanesa.
La decisión desató una verdadera guerra en el aparato de justicia.
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Ayer, el fiscal general de la Corte de Casación del Líbano, Ghassan Oueidate, anunció su decisión de procesar a Bitar por "rebelión contra la justicia" y "usurpación del poder".
Un día antes, el juez había inculpado a varias personalidades de alto rango, entre ellas a Oueidate, y dos altos responsables del aparato de seguridad por la explosión, que dejó también 6.500 heridos y agravó tensiones sociales y políticas en el país árabe de Medio Oriente.
Varias ONGs y familias de víctimas acusaron a las autoridades libanesas de poner trabas a la investigación local para evitar inculpaciones. Además, las autoridades se niegan a que se abra una pesquisa internacional.
Hoy, decenas de familiares de las víctimas, apoyados por diputados de la oposición, se concentraron frente al Palacio de Justicia, portando fotos de sus parientes muertos.
Junto a otros activistas, intentaron entrar por la fuerza en el Palacio de Justicia, lo que derivó en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, informó la agencia de noticias AFP.
"Sigo estando encargado de la investigación y no renunciaré a este caso. El fiscal no tiene prerrogativas para procesarme", reaccionó el juez Bitar.
En un comunicado, el colectivo de las familias de las víctimas denunció "el golpe de Estado político, de seguridad y judicial" que supone, en su opinión, la decisión de procesar al juez Bitar.
El colectivo instó a las autoridades a asumir "la completa responsabilidad de la seguridad del juez", que se siente amenazado, en un país en el que los asesinatos políticos son frecuentes.
Con la sentada, los familiares de las víctimas buscaban hacer presión durante una reunión del Consejo Superior de la Magistratura, prevista a media mañana.
Pero la cita, en la que se hubiera podido decidir apartar al juez Bitar fue aplazada por divergencias entre los miembros de la instancia, informó a AFP una fuente judicial.
Por su parte, Oueidate declaró a la prensa que el encuentro fue postergado "para evitar un derramamiento de sangre".
Este pulso judicial amenaza con tapar la investigación de la enorme explosión, provocada porque se habían almacenado sin precaución centenares de toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut.
El juez Bitar se vio obligado a suspender durante 13 meses su investigación, a raíz de las cerca de 40 causas abiertas en su contra y de las presiones de gran parte de la clase política, incluido el poderoso partido político y movimiento armado Hezbollah.
El movimiento chiita exige desde hace más de un año que el juez Bitar sea reemplazado y apoyó las decisiones del fiscal general.
Con información de Télam