El Movimiento Al Socialismo de Bolivia (MAS) enfrenta un nuevo capítulo en la interna entre el expresidente Evo Morales y el actual, Luis Arce. En esta ocasión, sectores vinculados al exmandatario comenzaron a movilizarse y a bloquear rutas en distintos puntos del país para manifestarse en contra de la prórroga del mandato de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Aunque Morales dijo no estar vinculado, apoyó las acciones y sostuvo que los jueces “violan flagrantemente la Constitución Política del Estado”.
Según informó al portal La Patria, persisten los cortes en unos 23 puntos del país, en los accesos a Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija y Santa Cruz, centro económico del país. Además, el Gobierno investiga la muerte de una mujer y confirmó el fallecimiento de un transportista que, tras sufrir un infarto, no llegó a ser atentado a tiempo.
“Lo que estamos evitando es que haya derramamiento de sangre y que haya muertos porque es lo que está buscando Evo Morales y hay que decirlo con nombre y apellido. Él es el causante de todos los conflictos que están ocurriendo en el país”, sostuvo el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tras ratificar el llamado al diálogo y descartar el uso de la fuerza.
Hay dos puntos de tensión en este conflicto que están entrelazados. Por un lado, la consigna de las manifestaciones es contra la prórroga del mandato de los magistrados, que ampliaron su mandato y el de consejeros de las principales cortes del país para evitar lo que llamaron un “vacío de poder” hasta que se realice una nueva elección judicial.
Esos comicios debían efectuarse en diciembre pasado, pero no prosperaron porque la preselección de candidatos y candidatas se estancó en el Legislativo, en donde no hubo acuerdo para la convocatoria. La prórroga, en tanto, fue rechazada tanto por los sectores evistas como por el resto de la oposición, que acusaron de manera conjunta al Gobierno de “instruir” sentencias y hacer “pactos políticos”.
El segundo punto de tensión, está en la sentencia Constitucional dictada por esos mismos magistrados, en la que fue anulada la reelección indefinida y eso podría dejar afuera de competencia al expresidente. En la decisión determinaron que la reelección indefinida “no es un derecho humano”, y se expidió a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin la posibilidad de apelación.
“Lamentamos mucho que esta manifestación de protesta, entre comillas, que están planteando el sector afín a Evo Morales tenga consecuencia; nuevamente enfrentamientos luctuosos, hechos de sangre entre bolivianos y bolivianas”, manifestó el viceministro de gobierno, Roberto Ríos, según la agencia estatal ABI.
Mientras, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes una “pausa solidaria” para permitir el paso de personas afectadas por la medida de presión, pero además instó a que los órganos estatales brinden una resolución pronta al conflicto. Esto se suma al reclamo por parte de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.
Por su parte, la Sala Constitucional admitió este miércoles una acción popular contra Morales, en tanto presidente del MAS. La medida fue interpuesta por el exdiputado Amílcar Barral y tiene fecha de audiencia para este viernes 26 de enero a las 10.30.
La posición de Morales
En sus redes sociales, el exmandatario, que dejó el gobierno en 2019 tras un golpe de Estado, manifestó que “el pueblo está movilizado e indignado porque los magistrados violan flagrantemente la Constitución Política del Estado que prohíbe la prórroga de su mandato”.
También, denunció que los magistrados “vinieron socavando sistemáticamente las atribuciones de la Asamblea Legislativa”. A su entender, “una Sala Constitucional cortó la atribución de fiscalización de la Asamblea Legislativa, evitando las interpelaciones. Además, dos magistrados del TCP restringieron las competencias del Senado. Todos los actos de los Magistrados autoprorrogados son nulos de pleno derecho”, insistió.
En tanto, propuso que la Asamblea Legislativa sesione “por tiempo y materia hasta aprobar la convocatoria de las elecciones que deben realizarse en un plazo no mayor a 90 días” para la renovación de las autoridades en el Tribunal.
“Los denominados ‘arcistas’ deberían sumarse a esta propuesta, de lo contrario estarían comprobando que lo que en realidad prentenden es ‘legislar’ sin la Asamblea y solo con sentencias de los autoprorrogados”, cerró.
Ante su reclamo, Morales no está solo. Desde Creemos -alianza cristiana conservadora liderada por el gobernador cruceño y señalado como golpista, Fernando Camacho- y Comunidad Ciudadana -alianza de partidos conservadora liderada por el expresidente Carlos Mesa- también se sumaron al pedido para que los magistrados dejen sus puestos. En conferencia de prensa, según informó el diario La Razón, presentaron el proyecto de ley 075 para que los “usurpadores” “cesen de inmediato” en sus funciones.
La idea de estos sectores de la oposición es llamar a un diálogo para el próximo lunes. En su criterio, la Cámara de Diputados debe “allanar” la aprobación del Proyecto de Ley 144, aprobado en agosto del año pasado en Senadores, para viabilizar las elecciones.
“Lo que toca hoy es que Diputados allane esa posibilidad y le demos certezas al país para una elección judicial en más corto plazo”, afirmó el jefe de la bancada de CC, Enrique Urquidi, acompañado de sus correligionarios y colegas de Creemos.
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