Como en la crisis del 2008, la Unión Europea pide austeridad y ajuste fiscal

Varios países europeos aprobaron en los últimos días sus presupuestos para el 2023 y, pasado el tramo más difícil de la pandemia, la Comisión Europea retomó su línea más dura con un reclamo de "prudencia" en las políticas fiscales a la vez que expresó su preocupación por la sostenibilidad de las deudas públicas y por los desequilibrios macroeconómicos. El principal problema es que esta vuelta a políticas de austeridad se da en las puertas de una crisis energética sin precedentes, de la inflación más alta después de la Segunda Guerra Mundial y en medio de una fuerte suba de tasas que no se veía desde el 2009. 

Si bien la Comisión Europea dio luz verde a la mayoría de los presupuestos, avisó que va a "vigilar en profundidad" a 17 países por desequilibrios en la macroeconomía. Entre ellos están Italia y España -los países del sur que durante la pandemia presionaron a los del norte para que tengan gestos de solidaridad con ellos- pero también Alemania y Francia. En octubre, la inflación de la Unión Europea alcanzó el 11,5 por ciento, algunas décimas más que en septiembre y más de siete puntos por encima del último mes de 2021. En ese contexto, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, anticipó que las tasas de interés de la entidad continuarán subiendo hasta un nivel restrictivo para el crecimiento económico, con el objetivo de frenar la inflación récord. 

Otro de los movimientos que se van a introducir, y que marcan una diferencia con lo que se hizo durante la pandemia, es que el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda a los países de la comunidad. "El legado de la pandemia era, en algún sentido, el desempeño del Banco Central en la compra de deuda a países como Italia, que es el más endeudado de toda la Unión. Tenemos una deuda que representa el 160 por ciento del PBI y si a partir del año que viene el Banco Central Europeo deja de comprar la deuda eso nos lleva a una situación muy complicada donde quedamos librados al mercado", analizó en diálogo con El Destape el politólogo de la Universidad de Calabria, Francesco Campolongo. 

En este escenario, Italia presentó un presupuesto que, al igual que sus vecinos, destina gran parte de las partidas a paliar el aumento de la energía. Y lo hizo en línea con la Comisión Europea que pidió que las políticas desplegadas para combatir la crisis energética se focalicen en los hogares más vulnerables y sean retiradas cuando disminuya la presión inflacionista. Para Italia y el gobierno de la flamante primera ministra, Giorgia Meloni, ese cálculo da una duración de tres meses. Después de eso, y todavía en pleno invierno, se terminarían las ayudas.  

"El presupuesto de Meloni manda un claro mensaje a la Unión Europea al estilo de 'podés confiar en nosotros', porque promete que va respetar la austeridad y los lineamientos económicos que propuso el Ejecutivo comunitario", explicó el politólogo italiano y agregó que esta primera actuación de Meloni da una idea de lo que serán sus años de gobierno. "Este es un presupuesto que redistribuye la riqueza desde abajo hacia arriba", sentenció. Campolongo se refirió a la decisión de restringir el acceso al ingreso básico universal conocido como Reditto di Cittadinanza, que había sido emblema del Movimiento Cinco Estrellas durante los gobiernos de 2018 a 2021. "Será un período de transición para transformar la asistencia en trabajo", planteó Meloni al presentar el presupuesto. 

Campolongo opinó que se trata de la medida simbólicamente "más importante", aunque no lo sea en términos económicos porque el ahorro es de no más de un millón de euros, en un presupuesto total que es de 36. "Reditto di Cittadinanza había sido una de las medidas más importantes contra la pobreza y ha tenido muy buenos resultados. Fue una política que sacó a mucha gente de la pobreza absoluta. Italia fue la última junto a Grecia y dentro de la Unión Europea en introducir una medida de este tipo que incluso era pedida por la comunidad y por la OCDE", explicó el analista. 

Temor a una desindustrialización 

El llamado a buscar equilibrio fiscal en las cuentas públicas se da en un contexto muy diferente al que constituyeron las últimas crisis europeas y eso tiene que ver con el enorme déficit de energía producto de la guerra en Ucrania. Mientras la Comisión Europea debate sin éxito la posibilidad de poner un tope al precio del gas ruso, los Estados miembros tienen que vérselas con la disminución del suministro por parte del Kremlin y una parte del reemplazo la encuentran en el gas líquido que compran a Estados Unidos. "Los productos europeos frente a los chinos, que si compran gas a Rusia, o a los norteamericanos, que tienen soberanía energética y nos venden a nosotros gas líquido a un precio más elevado del que lo venden en su propio país, hace que nuestros productos dejen de ser competitivos", analizó Campolongo.

Desde Alemania y en diálogo con El Destape, el doctor en Ciencia Política, Ezequiel Bistoletti, alertó sobre el riesgo de una desindustrialización que enfrenta ese país, que a su vez está en el podio de los principales exportadores del mundo. Alemania, que es la principal potencia europea y la cuarta a nivel mundial, fue dependiente durante décadas del gas ruso para el desarrollo de sus industrias, como la del metal o la automovilística. Pero en este nuevo contexto, lo que en años atrás fue la clave de su éxito hoy puede ser determinante para su caída. En una entrevista con The Washington Post el  responsable de relaciones exteriores de Volkswagen, Thomas Steg, lo dijo así: "Alemania se hizo rica con las exportaciones y el gas ruso. Ahora está metida en problemas". Bistoletti apuntó otro ejemplo, el de la empresa química BASF: "Esta principal firma alemana ya anunció que va a congelar todos sus proyectos en el país y que los que estaban diseñados para el año próximo van a ser relocalizados en China". 

En lo que hace a su presupuesto, Alemania aprovecha su condición de potencia para hacer erogaciones millonarias que fueron destinadas a la modernización de sus fuerzas y a gastos militares. Pero además, en los últimos meses, presentó un ambicioso plan de 200.000 millones de euros para hacer frente a la suba de precios. La idea es dedicarlos, mayormente, a la puesta en marcha de un freno al precio del gas y a medidas como pagar la factura del gas de todos los hogares en diciembre. 

La propuesta, hasta el momento, no pasó del anuncio. El Tribunal de Cuentas de Alemania la tildó de inconstitucional y en el resto de los países europeos volvieron a lanzar críticas por considerar que fomenta una "competencia desleal" debido a que ningún otro país del bloque está en condiciones de hacer semejante apuesta.