Trump declaró como "terroristas" a cárteles mexicanos y Musk sugirió "bombardearlos"

El Departamento de Estado de Estados Unidos que está bajo la conducción de Marco Rubio, designó a ocho organizaciones como terroristas, que en su mayoría operan en México, El Salvador y Venezuela. El ministro del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, compartió el comunicado oficial en su cuenta de X y dijo que eso los hace un blanco propicio para un ataque de drones. 

Los cárteles que pasaron a estar bajo el paraguas de "terroristas" son: Tren de Aragua; MS-13; Cártel de Sinaloa; Cártel Jalisco Nueva Generación; Cárteles Unidos; Cártel del Noreste; Cártel del Golfo; Familia Michoacán. En sus argumentos, el Departamento de Estado afirmó que hay "suficiente base fáctica" para concluir que las circunstancias "relevantes descritas en sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad" existen respecto de las 9 organizaciones. El artículo aludido es el que permite a Estados Unidos designar a grupos como organizaciones terroristas. En el documento que lleva la firma de Rubio, se indica que el Gobierno hizo consultas sobre el tema con el Procurador General y el Secretario del Tesoro. 

México se opuso en los últimos años a que Estados Unidos diera ese paso por temor a que se abra la puerta a una intervención estadounidense en territorio mexicano. Varios medios estadounidenses informaron el martes de que drones de la CIA han espiado al crimen organizado en territorio mexicano para detectar laboratorios de fentanilo, según indicó la agencia EFE. 

Preguntado por este tema, Trump justificó el martes la medida porque, dijo, México "está gobernado en gran parte por los carteles". La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que los drones espía vuelan "bajo petición del Gobierno de México" y dijo "no tener miedo" de una invasión de Estados Unidos porque se siente respaldada por la población, agregó la agencia. 

a medida responde a la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 20 de enero para aplicar una mayor presión hacia entidades criminales, con el argumento de que representan una "amenaza" para la seguridad nacional, de acuerdo con Washington.