Un giro inesperado llegó un día después del primer debate presidencial en Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre de este año: el Tribunal Supremo del país decidió que acusar a los asaltantes del Capitolio del 6 de enero de 2021 de "obstrucción a la Justicia" fue "inapropiado" y que el Departamento de Justicia "se sobrepasó". Son cientas las personas que están acusadas de ese delito, entre ellas, el candidato republicano, expresidente y aspirante a llegar a la Casa Blanca nuevamente, Donald Trump.
La decisión fue tomada por 6 votos a 3 y determinó que la Fiscalía se excedió al acusar de obstrucción a centenares de personas que se amotinaron en el momento en el que el Legislativo se disponía a oficializar los resultados que dieron como ganador al actual presidente, Joe Biden. Esto implica que los tribunales inferiores aplicarán ahora ese estándar y probablemente desestimarán los cargos contra muchos acusados.
Este dictamen podría además tener injerencia en uno de los procesos judiciales contra Trump (2017-2021) -el de su implicación en el asalto al Capitolio y su presunto intento de interferir en las elecciones-, ya que el fiscal especial Jack Smith incluyó la obstrucción de un procedimiento oficial entre los cuatro cargos que pesan en su contra en este juicio. Aunque Smith, quien lleva a cabo la investigación, alega que la obstrucción del procedimiento del Congreso por parte de Trump es mucho más amplia que la de los asaltantes, es probable que el equipo legal del exmandatario intente sacar provecho de la decisión del Supremo.
Ese 6 de enero, unas 10.000 personas -la mayoría seguidores de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron en el edificio mientras se estaba certificando la victoria electoral en 2020 de Joe Biden. Hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos. Desde entonces, más de 1.000 personas han sido arrestadas prácticamente en los 50 estados del país por delitos relacionados con el ataque y más de 350 han sido imputadas por asalto u obstaculización del cumplimiento de la ley, según datos del Departamento de Justicia.
El Supremo determinó que se podrían presentar cargos contra los alborotadores si los fiscales pueden demostrar que intentaban no sólo entrar al edificio a la fuerza, sino también impedir la llegada de los certificados que confirmaban los resultados de la elección.
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El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión de la mayoría, que incluyó a una jueza liberal, Ketanji Brown Jackson. La jueza Amy Coney Barrett presentó una opinión disidente a la que se sumaron las magistradas Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
La decisión del Supremo indignó a la Fiscalía estadounidense, encabezada por el fiscal general Merrick Garland, quien afirmó estar "decepcionado", porque limita "un importante estatuto federal que el Departamento ha tratado de utilizar para garantizar que los principales responsables de ese ataque enfrenten las consecuencias apropiadas".
Garland aseguró que la gran mayoría de los más de 1.400 acusados no se verán afectados por esta decisión, porque "no hay casos en los que el Departamento (de Justicia) imputó a un acusado del 6 de enero únicamente del delito en cuestión". Fuentes de la campaña presidencial de Joe Biden afirmaron en un comunicado que "los insurrectos violentos y quienes los alientan deben rendir cuentas", aunque "Trump piense lo contrario".
El jueves por la noche, en el primer debate presidencial de la carrera a la Casa Blanca, Trump "volvió a defender el 6 de enero y a los insurrectos que agredieron violentamente a los agentes del orden e intentaron impedir la transferencia pacífica del poder". "El fallo de hoy no cambia la verdad fundamental de que Donald Trump siempre se pondrá por encima de nuestra democracia", concluyó el texto de la campaña electoral demócrata.
Con información de EFE.
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