El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España admitió hoy haber vigilado "legalmente" a casi una veintena de independentistas catalanes, al tiempo que un juez decretó el secreto de sumario por un mes en la causa abierta por presunto espionaje al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En una comparecencia ante la Comisión parlamentaria de Secretos Oficiales, la jefa del CNI, Paz Esteban, acreditó que hay una orden judicial que ampara la legalidad de la vigilancia a 18 personas del entorno del independentismo, documentación que fue vista y consultada por los legisladores en una sesión a puerta cerrada cuyo contenido es secreto, informó la prensa española.
Esteban admitió el vinculo de la CNI y el espionaje a los independentistas, pero sobre el resto de personas que fueron víctimas de escuchas apuntó a dos posibles "culpables": un país extranjero, o miembros de las denominadas "cloacas" del Estado.
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Las explicaciones de la directora no convencieron a los legisladores de los grupos independentistas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya, EH Bildu, ni de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), ni tampoco al Partido Nacionalista Vasco (PNV), partidos que requirieron, para concluir la sesión, que se forme una comisión de investigación y también que se desclasifiquen los documentos que Esteban mostró, para que los conozcan todos los ciudadanos, reseñó el diario madrileño El Mundo.
Pese a la orden judicial exhibida, el independentismo sostiene que el espionaje fue "masivo y generalizado".
El socialismo, el opositor Partido Popular (PP), la formación de ultraderecha Vox y Ciudadanos salieron satisfechos ya que habría quedado demostrado que el CNI "se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad".
La denuncia de espionaje a los líderes independentistas y el hallazgo posterior de los ataques a los teléfonos celulares de los miembros del Gobierno tensó como nunca en el actual parlamento la relación entre el Ejecutivo y sus socios, en especial ERC, que exige dimisiones al más alto nivel.
El caso explotó el 18 de abril, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, hizo público un informe que identificaba a más de 60 personas de la órbita independentista catalana que habrían tenido sus teléfonos celulares infectados entre 2017 y 2020 con el software Pegasus.
El escándalo también abrió una nueva grieta en la coalición de Gobierno.
El lunes, el Gobierno presentó una denuncia por las escuchas "ilegales" y "externas" del presidente y la ministra de Defensa a través del programa informático israelí, intromisión que permitió el robo de "gran cantidad de información".
Sobre este caso se expidió hoy el juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama, quien decretó el secreto de sumario por un mes y les ofreció a ambos presentarse como damnificados, en línea con lo solicitado por la Fiscalía.
El magistrado explicó que la declaración del secreto tiene por objeto "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación", reseñó la agencia de noticias Europa Press.
La decisión, agregó Calama, se debe a "la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada" y llegue a "comprometer gravemente la seguridad del Estado o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento".
Con esta medida en curso, solo el juez y el fiscal tendrán conocimiento de lo que se investigue durante este periodo procesal pero pasado el período dispuesto "se permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna".
De acuerdo con la denuncia presentada por el Gobierno ante la Audiencia Nacional, las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono celular de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.
Los piratas informáticos extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión y 130 megabites en la segunda, mientras en el aparato de la titular de Defensa el robo fue menor, unos 9 megas.
El Gobierno desconoce cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de las líneas institucionales, no privadas.
Con información de Télam
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