El bloqueo inédito de una reforma judicial por parte de un tribunal en España, a pedido de la oposición, abrió una crisis institucional en el país, que el gobierno de Pedro Sánchez calificó como un hecho "sin precedentes" desde el final de la dictadura franquista.
"En el día de ayer el Tribunal Constitucional acordó por una diferencia mínima, de 6 a 5, una decisión sin precedentes en 44 años de democracia. Lo que hizo fue paralizar con su decisión la acción de las cortes generales", dijo Sánchez en un video compartido en sus redes sociales.
Ayer, el TC aceptó el recurso de amparo presentado por el opositor Partido Popular (PP) y paralizó la reforma del Código Penal que había sido aprobada el jueves pasado por el Congreso de los Diputados, se informó oficialmente.
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La reforma estaba destinada a desbloquear la renovación de cuatro de los 12 magistrados del TC, cuyo mandato expiró a finales de junio.
El Gobierno acusa al PP y a la mayoría conservadora del Tribunal de bloquear la renovación de estos cuatro jueces para impedir que se forme una mayoría progresista en este órgano que es el máximo intérprete de la Constitución.
Esta crisis abierta llega tras cuatro años de disputas entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano encargado de nombrar a los jueces, entre ellos la mayor parte de los que integran el TC y el Tribunal Supremo.
Los miembros del CGPJ debían haber sido renovados en 2018, pero todavía no tienen reemplazo debido a la falta de acuerdo entre izquierda y derecha. Ambas deben entenderse, ya que 12 de los 20 integrantes de este órgano deben ser nombrados por la mayoría cualificada de tres quintas partes de las dos Cámaras del Parlamento.
Este bloqueo total complica el funcionamiento de la justicia y ya ha provocado varios llamados de atención desde la Unión Europea.
"Por primera vez se impide a los representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, que realicen su función de representación de esa voluntad popular, de debate en el Parlamento y de legislación", continuó el presidente socialista.
Además de asegurar que no tenía precedentes durante el periodo democrático iniciado tras el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975, agregó que tampoco se vio una decisión similar en "ningún país del espacio institucional europeo".
En el mismo sentido, la ministra de Justicia, Pilar Llop, acusó al PP de haber "secuestrado las instituciones democráticas" españolas, citó la agencia de noticias AFP.
"Sánchez y los suyos presentan como ataque al Parlamento lo que en realidad es una defensa", contrapuso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusando al ejecutivo de haber tratado de acelerar su reforma sin respetar los procedimientos.
La oposición de derecha acusa a Sánchez de querer controlar la institución imponiendo a jueces que apoyen sus políticas.
Cansado de esta crisis, el presidente del propio CGPJ, Carlos Lesmes, presentó su renuncia en octubre.
Aunque aseguró que el gobierno respetará la decisión del Tribunal Constitucional, Sánchez prometió el martes que adoptará las medidas necesarias para poner fin "al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional".
La reforma del Código Penal -que incluye medidas destinadas a satisfacer a los aliados catalanes de Sánchez-, podrá votarse el jueves en el Senado, pero sin las enmiendas suspendidas.
En 2020, el gobierno progresista planeó reformar los procesos de renovación del CGPJ, pero ante la preocupación de Bruselas y las acusaciones de que buscaba favorecer el nombramiento de jueces ideológicamente próximos a la izquierda, acabó abandonando la reforma.
Mientras tanto, el CGPJ, compuesto de un presidente y 20 vocales, todavía consta de los mismos miembros designados en 2013, bajo el Gobierno del expresidente del PP Mariano Rajoy, recogió la agencia de noticias Spunik.
Con información de Télam
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