La jefa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, Paz Esteban, confirmó hoy que ese organismo espió "legalmente y con autorización judicial" a casi una veintena de independentistas catalanes por presuntas actividades ilícitas, pero se desentendió de una vigilancia masiva en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria de Secretos Oficiales.
La asistencia de Esteban a la comisión legislativa se concretó en medio del escándalo desatado por pinchazos con el software israelí Pegasus que afectaron hasta al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, causa en la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decretó el secreto por un mes y le ofreció a Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, también espiada, presentarse como perjudicados, en línea con lo solicitado por la Fiscalía.
Esteban acreditó ante los parlamentarios la orden judicial que ampara la legalidad de la vigilancia a "18" personas del entorno del independentismo, documentación que fue vista y consultada por los representantes políticos en una sesión a puerta cerrada que duró casi cuatro horas y cuyo contenido es secreto, informó la prensa española.
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Esteban admitió el vinculo de la CNI y el espionaje a los independentistas, pero sobre el resto de personas que fueron víctimas de escuchas apuntó a dos posibles "culpables": un país extranjero, o miembros de las denominadas "cloacas" del Estado.
Las explicaciones de la directora no convencieron a los legislñadores de los grupos independentistas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya, EH Bildu, ni de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), ni tampoco al Partido Nacionalista Vasco (PNV), partidos que requirieron, para concluir la sesión, que se forme una comisión de investigación y también que se desclasifiquen los documentos que Esteban mostró, para que los conozcan todos los ciudadanos, reseñó el diario madrileño El Mundo.
Pese a la orden judicial exhibida, el independentismo sostiene que el espionaje fue "masivo y generalizado".
El socialismo, el opositor Partido Popular (PP), la formación de ultraderecha Vox y Ciudadanos salieron satisfechos ya que habría quedado demostrado que el CNI "se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad", recoge la prensa local.
La denuncia de espionaje a los líderes independentistas y el hallazgo posterior de los ataques a los teléfonos celulares de los miembros del Gobierno tensó como nunca en el actual parlamento la relación entre el Ejecutivo y sus socios, en especial ERC, que exige dimisiones al más alto nivel.
El escándalo también abrió una nueva grieta en la coalición de Gobierno.
El lunes, el Gobierno presentó una denuncia por las escuchas "ilegales" y "externas" del presidente y la ministra de Defensa a través del programa informático israelí Pegasus, intromisión que permitió el robo de "gran cantidad de información".
La denuncia llegó en medio de intensos esfuerzos de Sánchez de aplacar la indignación de sus socios en el Parlamento de partidos independentistas catalanes, luego del informe acerca de que decenas de dirigentes catalanes tuvieron sus teléfonos móviles infectados entre 2017 y 2020 con el mismo software Pegasus.
Con información de Télam
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