La Justicia española anunció hoy que esperará a que la europea se pronuncie definitivamente sobre la situación de Carles Puigdemont antes de reactivar la orden de detención internacional del líder independentista catalán.
La decisión fue anunciada en momentos en que el partido del expresidente de Cataluña, Junts Per Catalunya, parece tener la llave para resolver el futuro político de España luego de las elecciones generales del domingo pasado.
El presidente del Gobierno en funciones español, el socialista Pedro Sánchez, necesitaría el apoyo o abstención de los siete diputados de JxC para ser reelecto en el Congreso, cuya composición se renovó en los comicios.
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Puigdemont está refugiado en Bélgica desde que en 2017, siendo presidente de Cataluña, la región proclamó su independencia de España de manera unilateral luego de un referéndum secesionista declarado ilegal por la Justicia española.
El líder catalán, de 60 años, está procesado en España por desobediencia.
En 2019 concurrió como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo en España y resultó elegido eurodiputado junto a su asesor Toni Comín, pero la Eurocámara les retiró la inmunidad a pedido de Madrid en 2021.
Puigdemont apeló la decisión ante la Justicia europea, pero el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó la solicitud este mes.
Este fallo puede ser recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hasta el 15 de septiembre.
Hoy, el juez español Pablo Llarena decidió no reactivar "las euroórdenes y órdenes internacionales de detención" hasta que el TJUE no descarte restablecer "cautelar y provisionalmente" la inmunidad a Puigdemont, dijo en un comunicado la Audiencia Nacional española, informó la agencia de noticias AFP.
La Audiencia Nacional, un tribunal con jurisdicción en todo el territorio español, dijo que la razón esgrimida por Llarena para no pedir las detenciones solicitadas por Fiscalía, es que "cualquier euroorden que se emita en el estado actual del procedimiento quedaría inmediatamente paralizada" si el TJUE concediera las medidas de amparo.
Las justicias de Bélgica, Alemania e Italia estudiaron la extradición de Puigdemont a solicitud de España, cuando el líder independentista estuvo en esos países, pero ésta no se materializó por diversos motivos.
Puigdemont está procesado en España por malversación de fondos públicos y desobediencia.
La Justicia española tuvo que retirarle en enero el cargo de sedición, que le podría haber acarreado una pena mayor en caso de ser finalmente juzgado, tras una reforma del Código Penal que suprimió este delito.
Tras el fallido intento de independencia de 2017, el Gobierno español de entonces, del Partido Popular (PP) y su exlíder, Mariano Rajoy, suspendieron la autonomía de la rica región del noreste de España, mientras los líderes independentistas eran arrestados o se marchaban al extranjero.
Nueve de ellos fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión en 2019, antes de que el Gobierno de Sánchez los indultara en 2021.
Con información de Télam
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