La Justicia británica negó hoy al rey emérito de España Juan Carlos I la posibilidad de apelar en el proceso abierto en su contra por presunto acoso a Corinna Larsen, al entender que carece de la inmunidad propia de los soberanos.
Tras la negativa, la defensa del exmonarca dijo que recurrirá ante el Tribunal de Apelación porque considera que tiene motivos sólidos y convincentes para ganar, informaron fuentes judiciales citadas por Europa Press.
El representante legal de Larsen, Robin Rathmell, celebró que el Tribunal Superior haya rechazado el recurso y expresó su deseo de que este fallo sirva para que se eliminen las acciones encaminadas a demorar el proceso.
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"Hemos avanzado un paso más hacia una vista de los hechos en cuestión", agregó el abogado en un comunicado.
La defensa de Juan Carlos de Borbón aseguró en diciembre ante la justicia de Inglaterra que este disponía de inmunidad en su calidad de "miembro de la familia real española".
Su abogado, Daniel Bethlehem, argumentó que, en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978, el rey emérito no podía ser juzgado por los tribunales británicos y que cualquier acusación en su contra debía presentarse ante la justicia española.
Pero el juez Matthew Nicklin se pronunció el jueves en su contra, considerando que "la reclamación de la demandante se basa en una conducta de acoso por parte del demandado" y "tales actos no entran dentro de la esfera de la actividad gubernamental o soberana".
Esto permite que Corinna Larsen, una empresaria danesa divorciada de un príncipe alemán, siga adelante con su demanda civil.
Juan Carlos I, de 84 años, abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe VI, a raíz de una serie de escándalos que comenzaron en 2012 con una cacería de elefantes en Botsuana, adonde viajó justamente acompañado por Larssen.
Posteriores revelaciones de esta examante sobre presuntas malversaciones por parte de Juan Carlos acabaron llevando al rey emérito a exiliarse en agosto de 2020 a los Emiratos Árabes Unidos.
Allí vive desde entonces, alejado de la vida política española y despojado, tras su abdicación, de la inmunidad que lo protegió desde que fue nombrado jefe de Estado en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, que lo había designado como su sucesor.
Larsen, de 58 años, dice haber sido amante del entonces monarca entre 2004 y 2009 y denuncia que, tras su ruptura, fue espiada y se vio acosada por orden del exjefe de Estado, acusaciones que este niega "en los términos más enérgicos".
En documentos judiciales explicó que mantuvo una estrecha amistad con él durante un tiempo tras su separación, cuando este le regaló "obras de arte, joyas y obsequios financieros", incluidos pagos por valor de unos 65 millones de euros (más de 8.800 millones de pesos) en junio de 2012.
Pero afirma que Juan Carlos intentó reanudar su relación y, cuando ella lo rechazó, el exsoberano emprendió un "patrón de conducta equivalente al acoso".
"Exigió la devolución de los regalos", fue "amenazante" y "posteriormente llevó a cabo u organizó una serie de actos de vigilancia encubierta y abierta, causando angustia y ansiedad" en su examante, según la demanda, que señala la participación de miembros de los servicios secretos españoles.
Para el juez Nicklin, "los actos de vigilancia alegados por la demandante, si fueron realizados por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), podrían gozar de inmunidad estatal, pero el Estado español no ha reclamado dicha inmunidad y no está claro qué papel preciso desempeñaron los agentes del CNI en los supuestos actos de acoso".
La demandante reclama ahora a Juan Carlos "daños personales", por el "gran dolor mental, alarma, ansiedad y angustia" que dice haber sufrido.
Con información de Télam
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