El gobierno de España consiguió hoy el aval del Congreso de los Diputados a sus presupuestos para 2022, marcados por un nivel de gasto social récord, tras semanas de negociaciones y cuando crece la desazón en el país por una recuperación económica más lenta de lo previsto.
El proyecto de ley de presupuestos fue aprobada por 188 votos a favor en la Cámara de 350 escaños.
Para ser aprobados definitivamente, el texto debe obtener luz verde del Senado en el plazo de un mes, pero el trámite es considerado una formalidad.
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La iniciativa fue apoyada por 11 partidos políticos, "lo que es muestra de la capacidad de diálogo del gobierno", se felicitó en un comunicado el Ministerio de Hacienda, informó la agencia de noticias AFP.
Este voto le debería permitir al gobierno del socialista Pedro Sánchez, con minoría en el Congreso, prorrogar los presupuestos hasta las elecciones generales previstas a más tardar para dentro de dos años.
Los presupuestos, de "justicia social" y "refuerzo de la cohesión" del país, "propiciarán estabilidad, confianza y seguridad en nuestro país", expresó la vocera del gobierno, Isabel Rodríguez.
"España, por segundo año consecutivo, va a tener en tiempo y forma unos presupuestos generales del Estado", tuiteó, por su parte, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño.
Los presupuestos prevén un nivel de gasto récord de unos 269.000 millones de dólares, financiado con 31.000 millones de dólares del macroplan europeo de reimpulso económico, del que recibirá 157.000 millones de dólares durante seis años.
La partida comprende la revalorización de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, que aumentarán un 2% el 1 de enero.
Además, prevé varias medidas contra la precariedad de la situación de los jóvenes, como un cheque mensual de 280 dólares para ayudar a personas de entre 18 y 35 años de bajos ingresos a pagar un alquiler, y un cheque cultural de 450 dólares para que los jóvenes de 18 años gasten en actividades de este tipo.
Estas medidas fueron sobre todo defendidas por Podemos, socio menor de la coalición de gobierno, que condicionó su apoyo a la adopción de normas para regular los precios de los alquileres a los grandes propietarios en zonas donde el mercado inmobiliario esté tensionado.
Para aprobar los presupuestos, el gobierno acordó contrapartidas a cambio de los apoyos de varios pequeños partidos, entre ellos los independentistas catalanes de ERC y los separatistas vascos de EH Bildu, que incluye a herederos del brazo político de la desaparecida banda separatista armada ETA.
Así, el gobierno se comprometió a suprimir los peajes en ciertas autopistas e implementar una medida que obliga a las plataformas audiovisuales a asegurar el menos 6% de su producción en catalán, vasco o gallego.
Estos presupuestos de fuerte componente social deberían permitir a España consolidar su recuperación económica, amenazada por una inflación galopante del 5,4% en octubre y una reactivación más lenta de lo previsto del sector turístico, del que dependen 13% de los empleos.
Con información de Télam
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