España retrasó hoy a cinco meses la tercera dosis de la vacuna para los infectados de coronavirus, plazo que era hasta ahora de cuatro semanas tras el diagnóstico del contagio, se informó oficialmente.
El 5 de este mes la Comisión de Salud Pública había fijado en cuatro semanas el intervalo entre la segunda dosis y el refuerzo, lo que algunos epidemiólogos consideraron un tiempo demasiado breve.
Ahora "se recomienda su administración a los cinco meses tras el diagnóstico de la infección", aunque se podrá hacer tras la cuarta semana, refirió el Ministerio de Sanidad.
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La cartera explicó que "la evidencia actual muestra que el hecho de tener una infección por SARS-Cov-2 tras tener la pauta completa de la vacunación hace que se desarrolle una respuesta inmune más potente y más amplia en términos de neutralizar otras variantes del virus, en comparación con la respuesta observada en personas que solo padecieron infección o que solo recibieron dos dosis".
La Comisión de Salud Pública también decidió que los niños de 5 a 11 años que se hayan enfermado reciban una sola dosis.
En el caso de que los niños se hayan infectado tras la primera aplicación, deberán recibir la segunda a las ocho semanas del diagnóstico.
Hoy se registró en España la mayor cifra de fallecimientos en 10 meses, con 382, mientras la incidencia acumulada cayó por segundo día consecutivo hasta situarse en 3.267, 144 casos menos que ayer.
El total de enfermos asciende a 9.28 millones y la ocupación hospitalaria está al 15% y el de las unidades de cuidados intensivos (Ucis) al 23%, reportó la agencia de noticias ANSA.
Por otro lado, la policía desarticuló en Madrid y Barcelona la rama española de una red que falsificaba pasaportes Covid y PCR en diferentes países europeos a famosos y delincuentes.
Fueron detenidas siete personas -seis en Madrid y una en Barcelona- acusadas de delitos de falsedad documentar y contra la salud pública.
Entre los arrestados figura una mujer argentina de 38 años y todos los demás son españoles.
La organización criminal operaba desde Francia y los clientes habrían pagado entre 200 y 1.000 euros por los documentos.
La investigación se abrió cuando los agentes detectaron anuncios en grupos de carácter negacionista en una aplicación de mensajería instantánea que ofrecían pruebas PCR falsas y pasaportes Covid falsificados.
Con información de Télam
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