El Parlamento de España aprobó hoy una modificación del código penal que castigará el acoso y la intimidación de los activistas antiaborto a las mujeres que acudan a centros sanitarios para interrumpir voluntariamente su embarazo.
La nueva legislación, impulsada por el Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtuvo hoy la aprobación del Senado después de haber obtenido el visto bueno de Diputados y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado.
De acuerdo con la modificación, quienes "para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" acosen a una mujer "mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad" serán castigados con penas de prisión de tres meses a un año o a trabajos comunitarios, informó la agencia de noticias AFP.
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En esta línea, también se arriesgarán a las mismas penas quienes traten de intimidar a los profesionales sanitarios que asisten a estas mujeres.
España despenalizó el aborto en 1985 por las causales de violación, riesgo grave para la madre y malformación fetal, y en 2010 se legalizó la interrupción del embarazo sin justificación médica hasta la decimocuarta semana de gestación.
Sin embargo, en este país de fuerte tradición católica, las mujeres encuentran obstáculos porque muchos médicos se niegan a realizar el procedimiento. Además, frente a algunas clínicas conocidas por practicarlos suelen reunirse activistas antiaborto para tratar de persuadir a las mujeres de que no entren.
Estas acciones pueden ir desde rezos, carteles o consignas, hasta interpelaciones directas con pequeños fetos de plástico o pedidos de que suban a una camioneta equipada con un ecógrafo.
Hoy, un grupo de estos activistas se manifestó en las puertas del Senado para protestar contra lo que, según la platafora Derecho a Vivir, denuncian que es una "criminalización" de sus actividades.
La plataforma afirmó que seguirá ofreciendo "ayuda" y "oraciones a las mujeres que lo necesiten".
Un 89% de las mujeres que acudieron a abortar en España se sintieron acosadas y un 66% amenazadas, según un informe realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) en 2018.
El gobierno de Sánchez prepara también una ley para garantizar que todos los hospitales públicos realicen abortos, además de un cambio en la legislación para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo sin el consentimiento de sus padres, como ocurre en el Reino Unido y Francia.
Con información de Télam
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