La impopular reforma de las pensiones que impulsa el presidente francés, Emmanuel Macron, fue aprobada hoy en el Senado controlado por los conservadores, pero su éxito o rechazo aún depende del voto de los diputados esta tarde, donde los partidarios del oficialismo carecen de la mayoría absoluta y necesitan votos opositores.
"El Senado acaba de aprobar la reforma de las pensiones (...) Estaremos esta tarde en la Asamblea Nacional con la misma voluntad de que esta reforma esencial salga adelante", tuiteó tras la votación el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt.
La Cámara alta, controlada por los conservadores de Los Republicanos (LR), aprobó la reforma que aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación y que acelera la exigencia de cotizar 43 años para cobrar la pensión plena, con 193 votos a favor y 114 en contra, informó la agencia de noticias AFP.
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Dos de cada tres franceses se oponen la reforma, según los sondeos.
Su aprobación definitiva o su rechazo, no obstante, dependen de la Asamblea Nacional, donde los partidarios de Macron forman el primer bloque en número de diputados, pero no tienen una mayoría absoluta, por lo que precisan el apoyo de la oposición conservadora para adoptarla, y a unas horas de la votación, prevista para las 15 locales (11 de la Argentina), no es seguro que lo obtengan.
Más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de un revés parlamentario hoy.
Desde anoche se multiplicaron las reuniones de crisis con el gobierno y los grupos oficialistas para asegurarse que existe una mayoría, que evitaría activar un polémico procedimiento parlamentario: el artículo 49.3 de la Constitución, que permitiría la adopción de la reforma sin el voto de los diputados, que sólo podrían frenarla si aprueban una moción de censura contra el Ejecuctivo de la primera ministra Élisabeth Borne.
Algunos ya anticiparon que presentarán mociones.
Un editorial del diario liberal L'Opinion advirtió hoy que someter la reforma al voto de los diputados y perderlo "obstaculizaría gravemente" el "resto de su mandato", pero recurrir al artículo 49.3 "reforzaría la imagen de 'brutalidad' de su poder y alimentaría la crisis social".
Convocar nuevas elecciones legislativas, menos de un año después de las últimas, sería una apuesta arriesgada, máxime cuando el partido ultraderechista de Marine Le Pen, opuesto a la reforma, aparece reforzado, según los observadores.
En consecuencia, las miradas están puestas en un puñado de diputados oficialistas que podrían abstenerse y en "una veintena" de legisladores de LR que, según el senador derechista Bruno Retailleau, votarían en contra.
La reforma concita un masivo rechazo expresado el 7 de marzo pasado, cuando se manifestaron casi 2 millones de personas, según la propia Policía, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.
Sin embargo, el Gobierno se mantiene firme en su plan que busca, de acuerdo con lo que afirma, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones en un país con una creciente esperanza de vida.
El rechazo a la reforma, sin embargo, parece caer, a medida que los franceses reconocen que se acabará aplicando esa ley.
Las huelgas prorrogables lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y los transportes también continúan, aunque con menos fuerza.
El Gobierno ordenó además requisar el personal municipal de recogida de basuras de París para que retiren las 7.600 toneladas acumuladas en la capital, al término de un pulso con la alcaldesa Anne Hidalgo que apoya a los huelguistas.
Los detractores no tiran la toalla. El diputado izquierdista Thomas Portes escribió en Twitter un llamado "a todos los que se oponen a esta reforma a que marchen sobre París (...) No dejen que les roben dos años de vida".
Los principales líderes sindicales ya empezaron a congregarse hoy desde las 12.30 (8.30 de la Argentina) ante la Asamblea para realizar un último llamado a los diputados y se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos.
En caso de adopción de la reforma, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.
Con información de Télam
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