El Consejo Nacional Electoral de Venezuela revocó la invitación a la misión observadora de la Unión Europea (UE) para las elecciones del próximo 28 de julio, luego de que el bloque de países ratificara una serie de sanciones contra el país. “No son personas gratas para venir mientras se mantengan las sanciones genocidas contra la republica bolivariana de Venezuela y, especialmente, para su pueblo”, dijo en conferencia de prensa el presidente del organismo, Elvis Amoroso.
En un comunicado que difundieron señalaron que son “más de 200 personalidades de los cinco continentes África, América, Asia, Europa y Oceanía que acompañarán el proceso electoral”, en ese grupo mencionaron a defensores de los derechos humanos, de los procesos electorales, profesores de universidades y organizaciones que “luchan contra la eliminación de sanciones”.
Por otro lado, se ocuparon de precisar que la UE “en su posición histórica colonialista” ratificó sanciones que desde el Gobierno de Nicolás Maduro catalogaron como “coercitivas, unilaterales y genocidas dictadas” contra el pueblo venezolano, situación que a su entender “atenta” contra sus habitantes, así como la soberanía e independencia del país. Por ello, es que tomaron la decisión de revocar la invitación que había sido extendida para la misión de veeduría electoral.
El pasado 13 de mayo, la UE levantó de forma temporal sanciones impuestas desde hace cuatro años contra cuatro funcionarios del CNE, entre ellos, de Amoroso, de una lista de más de 50 personas apuntadas. La medida correrá hasta el 10 de enero de 2025, cuando está previsto que tome posesión que sea electo como nuevo presidente, en una disputa electoral en la que los candidatos más relevantes son el actual mandatario, Nicolás Maduro; y su contrincante representante de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), Edmundo González.
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Según el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, con esa decisión pretendían “fortalecer los esfuerzos venezolanos hacia elecciones presidenciales inclusivas y competitivas”. Sin embargo, no fue eso lo que sucedió.
“Toda la comunidad internacional conoce del incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo, afectando la salud de niños y ancianos producto de las sanciones de la UE, pues impiden el acceso a medicinas y alimentos”, justificó el órgano electoral en un comunicado publicado este martes, que también informó que tomó la decisión en pleno ejercicio de su soberanía e intereses. También dijeron que las sanciones afectan la educación, el deporte y la economía, dado que “restringe a los empresarios nacionales la adquisición de materia prima e insumos que necesita la industria nacional”, situación que incide en el ejercicio del principio de libertad económica.
“La nación ha sido objeto del robo indiscriminado de empresas, sus reservas de oro y otros recursos, con la complicidad de la Unión Europea y el silencio de diversos organismos internacionales, generando la pérdida de más de 125.000.000.000 millones de dólares que sin duda alguna estarían destinados a la inversión social”, denunciaron.
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