El juez de Nueva York Juan Merchan decidió posponer por una semana si decide anular o no la condena a Donald Trump por sobornos. Se trata del caso en el que el expresidente y actual mandatario electo de Estados Unidos pagó 130 mil dólares por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, además de la imposición de la firma de un acuerdo confidencial. Por ese hecho, Trump fue encontrado culpable de 34 delitos. Los abogados defensores del magnate republicano argumentan que debe el juicio debe ser desestimado para que pueda gobernar el país a partir del 20 de enero próximo.
Según informó la agencia Associated Press, Merchan le dijo a los abogados de Trump que detendría los procedimientos y retrasaría la decisión hasta al menos el 19 de noviembre para que los fiscales puedan dar su opinión sobre qué hacer a la luz de la victoria electoral del expresidente la semana pasada. Los abogados de Trump y los fiscales habían acordado en días recientes el aplazamiento de una semana, según correos electrónicos presentados en el tribunal el martes.
Debido a las “circunstancias sin precedentes”, los fiscales necesitan considerar cómo equilibrar los “intereses encontrados” del veredicto del jurado y la presidencia, escribió el fiscal Matthew Colangelo. Por su parte, el abogado de Trump, Emil Bove, argumentó que desechar el caso es “necesario para evitar impedimentos inconstitucionales a la capacidad del presidente Trump para gobernar”.
Al mismo tiempo, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, celebró el retraso y dijo que la victoria del presidente electo deja “abundantemente claro que los estadounidenses quieren un fin inmediato a la politización de nuestro sistema de justicia, incluido este caso, que nunca debería haberse presentado”. Por el momento, los fiscales no dieron declaraciones al respecto.
La condena a Trump
El presidente electo de Estados Unidos fue condenado en mayo por falsificar registros comerciales relacionados con un pago de 130.000 dólares a la ex actriz porno Stormy Daniels y la condena fue la primera en la historia del país contra un expresidente y, ahora, puede llegar a ser la primera vez que una persona condenada asuma el poder, ya que en caso de confirmarse la pena, podría enfrentar la posibilidad de una multa, libertad condicional o hasta cuatro años de prisión.
El pago fue en 2016 para comprar el silencio de Daniels y evitar que diera a conocer que mantuvieron relaciones sexuales con Trump mientras estaba casado.
Todo ello, es negado por Trump y, desde el primer momento, rechazó haber cometido cualquier acto ilícito. Al contrario, sostuvo que la acusación fue una táctica política destinada a dañar su última campaña bajo el argumento de que el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina llevó el caso, es demócrata, al igual que el juez Merchan.
Poco más de un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados por acciones que tomaron en el curso de gobernar el país, y los fiscales no pueden citar esas acciones ni siquiera para reforzar un caso centrado en conducta puramente personal.
Los abogados de Trump citaron ese fallo para argumentar que el jurado recibió algunas pruebas que no debería haber tenido, como declaraciones financieras presidenciales de Trump y testimonios de algunos ayudantes de la Casa Blanca. Los fiscales no estuvieron de acuerdo y dijeron que la evidencia en cuestión era solo “una fracción” de su caso.
La investigación del caso se centró en cómo Trump contabilizó el reembolso a su abogado personal por el pago a Daniels: hasta donde se supo, el abogado, Michael Cohen, pagó el dinero. Luego lo recuperó a través de una serie de pagos que la compañía de Trump registró como gastos legales. Trump, ya en la Casa Blanca, firmó la mayoría de los cheques él mismo.
Los fiscales dijeron que la designación tenía la intención de ocultar el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escucharan afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.
Trump dijo que Cohen fue legítimamente pagado por servicios legales, y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado. Trump era un ciudadano privado — haciendo campaña para presidente, pero ni elegido ni juramentado — cuando Cohen pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando se reembolsó a Cohen, y Cohen testificó que discutieron el arreglo de reembolso en el Despacho Oval.
Trump luchó durante meses para anular el veredicto y mientras instaba a Merchan a anular la condena, el presidente electo también buscó trasladar el caso a un tribunal federal.
Trump y la Justicia
El presidente electo tiene, al menos, otros tres temas a resolver en los tribunales estadounidenses, pero es posible que algunos de ellos sean anulados luego de su triunfo en las elecciones del 5 de noviembre pasado.
Por ejemplo, el fiscal Jack Smith evalúa cómo concluir el caso de interferencia en las elecciones de 2020 como el caso separado de documentos clasificados contra Trump antes de que asuma el cargo, según dijo una persona -bajo condición de anonimato- familiarizada con el asunto a Associated Press. La política de larga data del Departamento de Justicia dice que los presidentes en funciones no pueden ser procesados.
Mientras tanto, un caso de interferencia electoral en Georgia contra Trump está en gran parte en espera mientras Trump y otros acusados apelan una decisión del juez que permite que la fiscal principal en ese caso, Fani Willis, continúe procesándolo.
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