A más de tres meses de haberse celebrado las elecciones presidenciales de España, este miércoles el actual mandatario socialista, Pedro Sánchez, buscará reelegirse en la sesión de investidura luego de arduas negociaciones en las que consiguió el apoyo de siete partidos aliados que le permitirán tener los 179 votos necesarios para inaugurar un nuevo período de gobierno. Pero, en ese proceso de negociación, desató una contraofensiva de la derecha y extrema derecha que hace temer por estas horas una escalada de violencia en el país.
Sánchez recibió el encargo del rey luego que fracasara el intento del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y si bien desde entonces el objetivo parecía casi cumplido, el escenario se crispó este fin de semana cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cerró un acuerdo con Junts, el partido de Carles Puigdemont, para presentar una ley de amnistía para catalanes condenados por la rebelión secesionista de 2017, un tema especialmente sensible para los sectores conservadores del país.
Por eso, la sesión de este miércoles tendrá uno de los mayores despliegues de seguridad -solo superado por la coronación de Felipe VI y la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate- y se hará en el marco de protestas contra la amnistía en varios puntos del país y en Bruselas, sede del Parlamento Europeo y donde reside Puigdemont. Las movilizaciones están promovidas por PP y VOX, quienes denuncian que el proyecto es inconstitucional, y este martes se sumaron jueces y magistrados.
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Las asociaciones judiciales se plegaron a un comunicado difundido días atrás en el que sostuvieron que el pacto de amnistía es una hecho de lawfare. Si bien el proyecto de ley no incluye la palabra lawfare, los magistrados sostuvieron que el texto tiene connotaciones políticas. "La propia ley es un lawfare, porque lo que viene a decir es que lo que ha ocurrido en un determinado periodo de tiempo no existe. Con lo cual, de alguna manera, nos está apuntando en el sentido de que parece ser que todo lo que ha ocurrido ahí a nivel judicial ha sido una persecución política”, señaló Joaquín Yust Escobar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las asociaciones convocantes, según recogió el diario El País.
El lunes el PP también usó todos los medios a su alcance para intentar frenar la movida de Sánchez. Como conserva la mayoría en el Senado, el partido de derecha aprobó una reforma del funcionamiento de la Cámara que le permitirá retrasar la ley de amnistía cuando llegue al recinto con caracter de urgente. De esta forma, los senadores tendrán hasta dos meses -en lugar de los 20 días previstos hasta ahora- para su tramitación.
Qué dice el proyecto de ley de amnistía
El proyecto de Ley de Amnistía que el PSOE negoció con los independentistas catalanes abarcaría a los dirigentes del 'procés' que declaró unilateralmente la independencia en 2017, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por "Tsunami Democrátic" tras las condenas de fines de 2019.
Así consta en el texto, que acota la amnistía a un plazo que va desde el el 1 de enero de 2012, "año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista", y este 13 de noviembre de 2023, destaca un informe elaborado por la agencia Europa Press.
La iniciativa -que estará en el centro del debate político español antes, durante y después de su aprobación- también delimita los delitos que serán amnistiados, que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación, y alcanzará a los líderes independentistas que ya están condenados y a los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la Justicia.
El texto no precisa nombres, pero la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.
Respecto a los independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Suiza procesada por un delito de desobediencia.
La negociación entre Sánchez y partidos aliados
El líder del PSOE logró cosechar los apoyos de todo el arco político que se opone a la alianza entre el Partido Popular y el ultraderechista VOX. La campaña incluso versó sobre la narrativa de armar una especie de cordón sanitario a la manera de la experiencia francesa para contener la llegada del partido extremista al Palacio de la Moncloa. En los más de tres meses de conversaciones, Sánchez consiguió los apoyos de PNV, EH Bildu, Sumar, ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria. Con Sumar lo arregló para la elección y posteriormente sí se fue haciendo de los otros.
Al PNV (Partido Nacional Vasco), Sánchez lo consideró como un "socio preferente" y el pacto incluyó cesiones en el autogobierno vasco y transferencias de competencias pendientes. Además, abrió la puerta para hablar del "reconocimiento nacional" del país vasco. Por el contrario, del acuerdo con EH Bildu no se conoció, pero se trata de un partido nacionalista e independentista de izquierda. Esta fue la primera vez que Sánchez se reunió con sus autoridades.
Del Bloque Nacionalista Galego (BNG), formación política española que profesa el nacionalismo gallego de izquierda, también consigió su apoyo para la investidura a cambio de una condonación de deuda para Galicia y otras comunidades autónomas. Por otro lado, de la Coalición Canaria (CC) consiguió un solo apoyo pero suficiente para lograr los escaños necesarios y lo hizo a cambio de inversiones en infraestructura. Además, el PSOE logró este acompañamiento a pesar de que CC gobierna el archipiélago en coalición con el PP. No obstante, la CC dijo que no acompañará el proyecto de amnistía.
Por último y el tramo más difícil y cuestionado fue la negocación con ERC y Junts, con quienes negoció enviar el texto de amnistía. "Es una ley que va a garantizar la convivencia y el apoyo también es para garantizar la estabilidad de la legislatura", dijo Oriol Junqueras, presidente de ERC al comunicar el logro. Además de la amnistía, Sánchez prometió a la ERC condonar parte de una deuda y traspasar el servicio de trenes a la Generalitat.
El último espacio con el que acordó el PSOE fue Junts, que tiene a sus máximos representantes en Bruselas, y que a su vez mantiene algunas diferencias con ERC y -según afirmaron fuentes de ambos partidos a El País- ese fue el motivo porque el ninguno de los espacios acompañó al PSOE en la firma del proyecto y su presentación en el Congreso.
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