A menos de una semana de las elecciones en Ecuador y en medio de un decretado Estado de excepción que no frena la ola de violencia en las calles ni en las cárceles, la puja de poderes está a la orden del día en ese país andino que este domingo se juega el balotaje presidencial. La Corte Constitucional decidió la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, un organismo que decide cargos funcionarios y hace veedurías. El dirigente, integrante de Revolución Ciudadana (RC) -fuerza política del ex presidente Rafael Correa-, denunció en entrevista con El Destape “un ataque sistemático del estatus quo que gobierna el país”, lo que favoreció a la “desinstitucionalización” del país, que llevó a la situación actual de crisis de seguridad y violencia. “Cambiamos el milagro ecuatoriano, por el desangre ecuatoriano”, sostuvo.
El CPCCS fue creado con la Constitución de Montecristi, de 2008 y con él se les dio rango constitucional a los derechos de participación ciudadana. Sus competencias son, justamente, la promoción de la participación ciudadana, el control social, la lucha anticorrupción y la designación de autoridades en del Poder Judicial y Electoral, entre otros, con fuerte influencia en el poder global del país. Vera lo definió ante este medio como “el primer fiscalizador del poder político” en donde la ciudadanía tiene intervención directa. Sus siete integrantes son electos por el voto popular.
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El funcionario y militante del correismo asumió su cargo en mayo de este año luego de resultar electo con el resto de sus seis compañeres en las elecciones regionales de febrero de este año. “Me designaron presidente y empezaron un ataque los grupos de poder instaurados en el país, desde la fiscalía y la propia presidencia nos quisieron quitar el edificio (en donde funciona el organismo) por decreto presidencial, la Fiscalía General del Estado inicio tres investigaciones por presuntos delitos cuando teníamos tres días de haber asumido”, indicó el ahora ex funcionario.
La Corte, según el dictamen, decidió apartarlo por haber impulsado la revisión de actuaciones de un anterior Consejo Transitorio.
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Esta, en tanto, no es la primera vez que el organismo se vuelve eje de disputa. Con las elecciones regionales de este año, el actual presidente, Guillermo Lasso, había impulsado un referéndum con el que buscó su modificación. Los cambios -que era que los integrantes del Consejo pasaran a ser electos por la Asamblea Nacional- hubieran permitido al presidente "tener una enorme injerencia en la decisión de esos cargos", había dicho entonces ante este medio el analista ecuatoriano Franklin Ramírez. La propuesta fue rechazada por el 57,76% de la población.
Por su destitución, Vera anunció que acudirá a los organismos regionales e internacionales “no por búsqueda de justicia individual, sino porque tiene que generar sus antecedentes históricos de que no se pueden restringir los derechos con sentencias espurias”, dijo. Para más, hizo énfasis en la situación actual que vive su país y que, a su entender, está ligada con la debilidad institucional actual de crisis de seguridad que atraviesa el país: "Fueron emitidos 22 decretos de emergencia nacional en los cuales se limitó el derecho de movilización. La respuesta del Gobierno ante la matanza fue encerrar a la ciudadanía y se ha normalizado la violencia. Entonces, la denuncia histórica ante nuestros hermanos latinoamericanos es que vivimos en un país en el cual se normalizó la restricción de derechos y ahora se los intenta suprimir. Creo, esta es la lucha más importante que tenemos a nivel latinoamericano. Que por decretos de estos jueces políticos con toga se limiten las conquistas sociales en un corto periodo creo que es lo más grave para la región", manifestó.
Las razones de la destitución y la “autotutela” de la Corte
Cuando el ex presidente dejó el poder se llevó a cabo una consulta popular que designó un CPCCS transitorio con facultades extraordinarias, que estuvo a cargo de Julio César Trujillo. A cuenta de eso, ese periodo entre 2018 y 2019 fue denominado como “trujillato”. Entonces, destituyó a los funcionarios judiciales designados durante el periodo de Correa y designó nuevas autoridades en la Corte Constitucional, a la fiscal general actual y a las autoridades electorales. En el dictamen 2-19-IC/19, de 2019, la propia Corte determinó que esas acciones no podrían ser revisadas tanto por el CPCCS ni por la misma ciudadanía.
Para ponerlo en otras palabras, la abogada constitucionalista Dolores Miño explicó ante El Destape que “por tratarse de un régimen de excepcionalidad sus actos están blindados, por lo que no habría cómo revisarlos ni revertirlos”. Así, también, aclaró que “si hablas con un correísta, va a decir que los funcionarios del trujillato respondían a una agenda anticorreísta”.
En la condena establecida para la destitución a la que tuvo acceso El Destape, la argumentación de la Corte indica que Vera incumplió el dictamen que restringe el derecho a revisión sobre las medias que tomó el Consejo Transitorio específicamente sobre la designación de la Fiscal General del Estado como de los miembros de la Corte.
Para él, la gravedad de la decisión de la Corte radica en que, además, de su destitución también se “restringió” el derecho de la ciudadanía a la que también le impiden la veeduría. Es que, a su entender, la Corte recayó en lo que llamó una “autotutela” al haberse “blindado”: “Generaron una sentencia en la que se autoblindan. Prácticamente es una sentencia dictatorial. Es gravísimo para el país indistintamente de mi destitución, pero nuestra postura incomodó demasiado porque queríamos que la ciudadanía volviera a tener voz, voto y a poder fiscalizar socialmente”.
Además, Vera denunció tuvo consecuencias directas sobre la vida cotidiana del país: “Eligieron a las peores autoridades y se llevó a una desinstitucionalización desastrosa. Esto ha generado el Ecuador que tenemos ahora. Somos el país con más migrantes, vamos a llegar a los 12 mil muertos”, dijo para graficar.
“Cambiamos el milagro ecuatoriano, por el desangre ecuatoriano”
- ¿Cuál es la importancia de este organismo en el Ecuador y por qué cree que decidieron su destitución?
- Es una función estatal que le da rango constitucional a los derechos de participación ciudadana. Ecuador fue una de las pocas democracias a la vanguardia de los derechos fundamentales, que generó un quinto poder, por eso, desde su constitución ha sufrido por los intereses políticos, molesta al poder tradicional que la ciudadanía pueda fiscalizar de manera directa a las instituciones del Estado. En las últimas elecciones de febrero entre todos los consejeros electos llegamos a tener 8 millones de votos e intentamos generar un nuevo concepto, que no esté politizado, que luche por los derechos sociales del Ecuador. Empezamos en mayo y empezaron los ataques de los grupos de poder instaurados. La Fiscalía General inició tres investigaciones por presuntos delitos cuando teníamos tres días de haber asumido. Fue un ataque sistemático del estatus quo que gobierna el país. A mí me destituyen por haber puesto una denuncia por delitos de corrupción en contra de la Fiscal General del Estado y la Corte interpretó que esa denuncia atenta contra su designación y genera impunidad. El segundo elemento es porque unos ciudadanos crearon una veeduría sobre los actos del Consejo Transitorio, que fue rechazada, pero un juez ordenó llevarla a cabo. Yo cumplí esa orden judicial y la Corte interpretó que, por cumplir, incumplí la sentencia de ellos. Y, por último, estábamos por terminar el concurso de Contralor del Estado, ellos no querían eso y ahora cambiamos el milagro ecuatoriano, por el desangre ecuatoriano. Somos un país que se desangra, en el que no hay salud, educación.
- ¿Cómo impactaron las decisiones de esa Corte Transitoria?
- Esto influyó en las dificultades del expresidente Correa para inscribir su candidatura. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en su examen sacó la peor nota de todos y fue la que proscribió al expresidente con una sentencia “por influjo psíquico”. Hasta 2018 era el segundo país más seguro de América y en estos dos últimos dos años vamos a llegar a los 12 mil muertos. Hay una consecuencia directa clarísima. Eligieron a las peores autoridades, que llevaron a una desinstitucionalización desastrosa.
- ¿Considera que con este accionar se trata de poner trabas al correísmo?
- Trujillo dijo explícitamente que había que ‘descorreizar’ al país. Él dijo que se necesitaba una dictadura constitucional para poder cooptar las instituciones del Estado. Es claramente una corriente que buscaba proscribir al correísmo y ahora ya no sólo al correísmo, sino perennizarse en el poder. No solo limita a una fuerza política, sino que, a toda la ciudadanía, el derecho a la democracia. Es una cuestión de derecho humano, de elegir, de ser elegidos, sobre todo al libre pensamiento y opinión, porque esta sentencia habla específicamente de que ningún ciudadano pueda ver los actos del Transitorio so pena de delito. Asesinaron a un candidato a presidente (Fernando Villavicencio), hace unos días aparecieron muertos los presuntos culpables que estaban detenidos. El que quedó vivo lo dejaron para acusar al correísmo. Estamos llegando a estos absurdos de crímenes del Estado, de delitos políticos. Esto era propio de las dictaduras más duras de américa. Pero en el Ecuador, jamás.
- En este contexto, ¿cómo ve que llega el correísmo a las elecciones?
- En estas elecciones se dio un mensaje democrático maravilloso, que es que hay que sacar el odio. Fueron los mensajes propositivos, de armonía y de esperanza los que ganaron. Las posturas de odio, de anticorreismo y de anti-ecuador, perdieron. Los otros candidatos que proponían odio y división, perdieron. Les metieron una paliza en las urnas, no llegaron a nada. En ese sentido, el Ecuador desea volver a tener un país, sobre todo, que funcione, que exista mínimamente paz. No puede gobernar alguien que odia al Gobierno, alguien que se declara antisistema porque forzosamente tiene que generar policías públicas de armonía. Creo que este es un mensaje poderoso. Espero que no cometamos un nuevo error, y no que se vaya por estos inventos que a latinoamericana le hacen sangrar.